Domingo, diputado autonómico del Grupo mixto, continúa la misiva citando la legislación vigente: ‘Desde hace doce años, la Disposición adicional quinta de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, prevé la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y defensa de los consumidores, a todas aquellas empresas y entidades que incumplan los artículos referidos a la obligatoriedad de que toda la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público estén redactados, al menos, en catalán’.
Así, concluye: ‘La aprobación de dicha disposición legal ha supuesto, desde entonces, que todas las rotulaciones redactadas sólo en castellano pasen a ser consideradas ilegales, mientras que las redactadas exclusivamente en catalán son consideradas conformes a la ley’.
El diputado autonómico ha recordado a Gabilondo que fue en época de los gobiernos de CiU cuando se empezó a aplicar la normativa sancionadora mediante una primera fase de subvención a las ‘empresas que cambiaban su rotulación del castellano al catalán, quedando excluidos los empresarios que optaban por una rotulación bilingüe, en principio, perfectamente legal’. Tras la llegada del primer tripartito se ha optado ‘por la vía coercitiva’ mediante las sanciones, se afirma en la carta.
Domingo, finalmente, advierte al ministro de Educación de que ‘la futura ley del código de consumo de Cataluña, actualmente en proceso de tramitación, y que será aprobada en breve, prevé un endurecimiento de estas sanciones, el reconocimiento de unos supuestos derechos lingüísticos de los consumidores, y la obligatoriedad de la denuncia en base a la vulneración de estos derechos’." (lavozdebarcelona.com, 24/03/2010)
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