Hace cinco años, con Mariano Rajoy en la Moncloa, la aprobación del cupo para el período 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los presidentes autonómicos tanto del PP como del PSOE. El País Vasco pasó a quedarse con mil millones adicionales del IVA, en perjuicio de las otras autonomías, entre otros regalos, y su contribución a los gastos comunes se rebajó a la irrisoria cifra de 1.300 millones.

 La realidad es que los vascos no contribuyen a la solidaridad territorial y disfrutan de una sobrefinanciación per cápita para las políticas educativas, sociales y sanitarias, que es el doble o más que en el resto. En sus críticas, los presidentes autonómicos (Ximo Puig, Javier Lambán o Núñez Feijóo) no descubrían nada nuevo, solo que hasta entonces el cupo vasco había sido un tema tabú en la política española. Ante la mínima objeción se decía que el modelo del concierto es un derecho histórico amparado en la Constitución, lo cual es una verdad a medias, pues lo que no debería implicar es desigualdad entre territorios y la quiebra del principio de solidaridad.

Cinco años atrás, el PP estaba dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos y necesitaba los votos del PNV. Ahora, al Gobierno de izquierdas le ocurre exactamente lo mismo, y los nacionalistas han vuelto a aprovechar la ocasión para blindar sus privilegios sin que nadie rechiste. Se dirá que los vascos pagan, contribuyen a los gastos comunes, pero solo lo hacen aparentemente, pues disfrutan de un modelo único en el mundo, que sería imposible de extender a Madrid o Cataluña sin que el Estado español dejase de existir. Hace cinco años, la ley del cupo debería haberse recurrido ante el TC, pero nadie lo hizo. Ahora también en esto Pedro Sánchez tiene suerte, pues esta vez del asunto ni se habla.  "                          (Joaquim Coll, 20Minutos, 21/11/22)