"Los problemas sanitarios del coronavirus han hecho pasar
desapercibida una noticia muy importante en relación con la aplicación
del concierto fiscal con el País Vasco.
La semana pasada el
Gobierno de la nación y los representantes del Gobierno vasco
celebraron un acuerdo en el que se fijaron las cuantías definitivas del
cupo que han de transferir los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya al País Vasco para que éste proceda, a su vez, a compensar al
Estado español por los servicios que presta éste y del que se benefician parcialmente los ciudadanos de los territorios forales.
Concretamente,
el cupo final resultante ha sido de 1.214,2 millones de euros en 2017 y
de 1.341,14 millones de euros en 2018.
En relación con el año 2019 se
ha fijado un cupo provisional de 1.353 millones de euros. Esto
supone un crecimiento de 11,47% en tres años. También supone que cada
uno de los ciudadanos del País Vasco que en 2018 sumaban 2.171.000
aporta la cantidad de 617,75 euros por todos los conceptos al Estado
español.
El reparto de las aportaciones entre Diputaciones forales
se hace en función de los siguientes porcentajes: Vizcaya, 50,37%;
Guipúzcoa, 33,19%, y Álava, 16,44%.
Sin
embargo, el País Vasco no solo recibe servicios comunes del Estado como
el de justicia, asuntos exteriores o ejército sino que recibe también
prestaciones y subvenciones directas para determinados programas de
gasto propios. Así, en 2018 el País Vasco recibió
transferencias del sector público estatal para operaciones de capital de
más de 161 millones de euros.
Además, se ha llegado un acuerdo sobre la
transferencia proveniente del Estado español correspondiente a los
programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y
formación profesional por importe de 131 millones de euros en 2017, de
181,4 millones de euros en 2018 y de 276,4 millones de euros en 2019.
Los
sistemas de convenio con Navarra y de concierto con el País Vasco son
ejemplo de un sistema privilegiado de financiación de administraciones
territoriales que, una vez más, resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española.
(José María Tovillas Morán. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona. El Catalán.es, 16/03/20)
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