"El «Projecte de llei de contractes de serveis a les
persones», también llamada “Llei Aragonès” ha sido tumbada por todos los
grupos de la oposición. Han votado en contra -aunque por distintas
razones- los comunes, PSC y la CUP, y también Ciudadanos y PP.
Se
trata la legislación estrella del vicepresidente del Govern de la
Generalitat, el republicano Pere Aragonès, y ha sido el blanco de una
intensa campaña en contra por parte de diversos colectivos en defensa de
los servicios públicos, que señalan que «abre la puerta a una de las
mayores externalizaciones de la mayoría de servicios educativos,
sanitarios, sociales y otros». Su no aprobación es una victoria para las
clases populares, en Catalunya y en el resto de España.
Con esta
ley, el vicepresidente y titular de Economía, Pere Aragonés (ERC),
pretendía aumentar los recortes en los sectores sanitario, educativo y
de servicios sociales y, al mismo tiempo, beneficiar al sector privado,
aumentando con ello la precarización y el deterioro de las condiciones
de vida de los trabajadores del sector público, en perjuicio de la
calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
Al quedar frustrada
su aprobación, la Plataforma ciudadana «Aturem la Llei Aragonés» ha
obtenido una victoria para las clases populares de todo el país.
Se
trata de una red de más de 80 organizaciones en las que se integran
sindicatos, partidos políticos y colectivos de las mareas blanca o
verde, así como una pléyade de entidades locales de toda Cataluña. Son
organizaciones muy diversas entre sí y con posicionamientos muy
distintos en otros temas, como la independencia, pero unidos en su
frontal oposición a esta ley.
“Aturem” denuncia que la «Llei
Aragonés establece un marco jurídico idóneo para que sean las empresas
privadas quienes gestionen y presten servicios públicos vinculados
directamente a garantizar derechos fundamentales». La normativa pone una
alfombra roja a la «externalización», es decir, a la subcontratación de empresas
privadas, en muchas áreas básicas de los servicios públicos de la
educación, la sanidad o los servicios sociales y comunitarios.
Potenciando así la privatización paulatina de esos servicios, que
pasarían a ser nuevos nichos de negocio para una burguesía
burocrático-administrativa que lleva décadas adueñándose de los fondos
públicos en Cataluña.
En concreto, la Ley Aragonés permitiría la
externalización de servicios de educación como la enseñanza preescolar,
la educación especial, las tutorías o los comedores escolares. ¿Qué les
parecería que todos esos servicios estuvieran sometidos a criterios de
«rentabilidad», y no a los derechos infantiles por encima de todo?
En
servicios sociales, se privatizaría la gestión de las áreas de atención
a la tercera edad, diversidad funcional, juventud e infantil. En
sanidad, la ley plantea a la externalización de servicios como
pediatría, ginecología, cirugía o contratación del personal médico. (...)
“Abre la posibilidad de externalizar prácticamente todo (cirugía
ambulatoria, urgencias, tratamientos de reproducción asistida, servicios
de diálisis…), y supone trocear la sanidad y que pueda acabar en manos
de la empresa privada”" (Minerva Bermejo, De Verdad Digital, 05/02/20)
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