Antoni Puigverd: La desobediencia, que ahora los abogados de los dirigentes independentistas reconocen, no explica lo que sucedió en los voraginosos días de septiembre y octubre del 2017. No era tan sólo desobediencia. Si hubiera existido una oportunidad de pasar de la declaración de opereta a la independencia efectiva, todos sabemos que este paso se habría dado. Esto es precisamente lo que temían muchos catalanes. Se estaba cambiando la realidad jurídica del país en el que vivían sin que pudieran decir nada...

"El juicio del Tribunal Supremo a los líderes independentistas termina como empezó: entre dos rocas. Entre la tendencia ideologista de las defensas y los retorcidos legalismos de la acusación. Entre Escila y Caribdis, los dos monstruos de que habla Homero en el canto XII de la Odisea. 

La tesis de los fiscales es una filigrana jurídica destinada a crear una violencia retórica con el objetivo de poder aplicar a los independentistas un castigo más que severo: un escarmiento. Aviso a navegantes: el Estado no perdona.

En cuanto a la defensa independentista, la línea profe­sional del abogado Melero no ha conseguido frenar la defensa literalmente numantina del politizado Van den Eynde, que todavía ayer afirmaba: “Estamos juzgando un clima y una atmósfera de una sociedad” y también: “Se está investigando el movimiento político independentista”. La pregunta es: si se está juzgando el independentismo, ¿por qué ahora y no antes?

¿Por qué ahora, si el independentismo tiene la llave de la ­gobernabilidad catalana (a ­menudo de la española) desde los años de Carod-Rovira y Puigcercós?

La respuesta está clara, aunque no justifica los años de prisión preventiva ni las extre­mosas penas de los fiscales. La desobediencia, que ahora los abogados de los dirigentes independentistas reconocen, no explica lo que sucedió en los voraginosos días de septiembre y octubre del 2017. No era tan sólo desobediencia.

 Si hubiera existido una oportunidad de pasar de la declaración de opereta a la independencia efectiva, todos sabemos que este paso se habría dado. Esto es precisamente lo que temían muchos catalanes. Se estaba cambiando la realidad jurídica del país en el que vivían sin que pudieran decir nada. Más de la mitad del país fue silenciado el 6 y 7 de septiembre.

 Toda la fuerza institucional (y mediática) catalana empujó en una dirección que, siendo legítima y respetable, no contaba ni con el aval de España y de Europa para llevar a cabo lo que se decía que se haría, pero que, por fortuna, no se hizo. Era inevitable que el Estado se defendiera (y legítimo: lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo).  (...)"                 (Antoni Puigverd , La Vanguardia, 11/06/19)