"La conmemoración del primer aniversario del 1-O había
sido cuidadosamente programada por el gobierno de la Generalitat,
partidos y entidades soberanistas y habían de culminar con el debate de
Política General, los días 2, 3 y 4 de octubre.
Para calentar el
ambiente, durante más de una semana TV3 emitió incansablemente
documentales, reportajes y entrevistas sobre esa jornada con un idéntico
mensaje: la brutalidad policial de un Estado autoritario frente al
civismo del pueblo catalán unido para conseguir su libertad.
Sin embargo, como en una de las inversiones
hegelianas, se ha producido el efecto contrario. El programa de actos
tan cuidadosamente preparado para unificar al movimiento independentista
y encarar con fuerza el curso político, se volvía contra el gobierno de
la Generalitat, debilitaba la autoridad del president Torra, ahondaba
sus divisiones internas y han estado a punto de provocar la disolución
del cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Las cosas empezaron a torcerse el sábado 29 de septiembre cuando se
produjeron las cargas policiales contra los manifestantes del sector más
radical del movimiento secesionista, organizados en los Comités de
Defensa de la República (CDR) que intentaron reventar la provocativa
manifestación de policías en defensa de la actuación de los cuerpos
estatales de seguridad en la infausta jornada del 1-O.
Estas imágenes
provocaron una enorme disonancia comunicativa con las escenas de las
cargas policiales en los colegios electorales reiteradas hasta la
saciedad por TV3. Ahora eran los Mossos d’Esquadra -nuestra policía- que
se inhibió en aquella jornada, quien apaleaba a los independentistas.
A
los dirigentes de la CUP –de quien depende la mayoría parlamentaria del
gobierno de la Generalitat- les faltó tiempo para denunciar la
contradicción del president Torra que apela a la movilización permanente
de las bases del independentismo, pero las reprime cuando lo hacen y
exigieron a dimisión de Miquel Buch, titular de la conselleria de
Interior del PDeCat. También se cuestionaba el mensaje, asimismo
repetido hasta la extenuación, del carácter pacífico y no violento del
movimiento independentista.
Los sucesos del sábado fueron un aperitivo. El lunes, 1
de octubre, mientras grupos de CDR realizaban algunos cortes de
carreteras en distintos puntos del país y del AVE Girona-Figueras, el
president Quim Torra, con la intención de salir al paso de las críticas
por la actuación de los Mossos, animó a los “amigos” del CDR a que
“apretasen” con sus movilizaciones.
Los graves incidentes en Girona y
sobre todo en Barcelona cuando, al final de la manifestación
conmemorativa se produjo el intento de asalto al Parlament, provocaron
que las palabras de Torra fueran interpretadas como una invitación a
acciones de este tipo. El asalto fue evitado in extremis
por las cargas de los Mossos.
Según han denunciado los sindicatos
policiales sus mandos políticos no realizaron el despliegue preventivo
aconsejado, permitieron que los manifestantes rompieran el cordón
policial y hasta el último momento impidieron disolver a los asaltantes,
pues el 1-O, como finalmente sucedió, no podía concluir con las
imágenes de los Mossos aporreando a independentistas.
Estas jornadas han mostrado que la dirección de las
movilizaciones, que hasta ahora habían liderado y organizado la ANC y
Ómnium Cultural, en el entorno de PDeCat y ERC, está pasando a los CDR
del ámbito de la CUP. Ahora bien, lo que las movilizaciones ganan en
intensidad pierden en cantidad. Así, el 1-O salvo las escasas acciones
del CDR el país no paró, la vida laboral y comercial se desarrolló con
normalidad.
La frustración por el fracaso de la vía unilateral, los
engaños de los líderes del procés y la ausencia
de una alternativa estratégica explican esa radicalización, producto de
la frustración y la impotencia política. Ahora bien, el intento de
asalto al Parlament señaló una línea roja. Probablemente los dirigentes
de PDeCAT y ERC no consentirán que se reproduzcan estas situaciones que
dañan gravemente la imagen del independentismo y que no son del agrado
de la base mesocrática del movimiento. (...)
En la manifestación conmemorativa del 1-O frente al Parlament se oyeron
numerosas consignas y se exhibieron pancartas reclamando la dimisión de
Miquel Buch, pero también del president Torra. No sólo por la actuación
de los Mossos, sino por el incumplimiento de sus promesas de restituir a
los líderes presos y en el extranjero y hacer efectiva la República. El
sector más movilizado del independentismo no tolera ese doble lenguaje
procesista donde la retórica no se corresponde con una acción de
gobierno autonomista. (...)
Acaso los abucheos y la peticiones de dimisión de los
sectores más movilizados de su base social, impulsaron a que el
president Torra, con un discurso que parecía dirigido a los cuatro
diputados de la CUP, a plantear un ultimátum al presidente Pedro Sánchez
advirtiéndole con retirarle su apoyo parlamentario en noviembre si no
aceptaba un referéndum de autodeterminación. También amenazó con que si
el Tribunal Supremo dictaba una sentencia condenatoria no la acataría y
reactivaría la vía unilateral.
Casi inmediatamente se vio que Torra jugaba de farol,
por utilizar la expresión de la ex consellera Clara Ponsatí, actualmente
refugiada en Escocia. Rotundamente ERC y más matizadamente los
diputados del PDeCAT en Madrid, se desmarcaron de un ultimátum que sólo
beneficiaba a Pablo Casado y Albert Rivera. Una desautorización que
menoscaba gravemente su autoridad.
La conducta de Torra fue
extremadamente errática, primero envió a Sánchez una carta que no
mencionaba ningún plazo, pero al comunicársele que La Moncloa
consideraba que no se daban las condiciones para la entrevista, difundió
un twitt en que se reafirmaba en su posición inicial, desde el más puro
vacío político. Tampoco, a pesar de las preguntas de los grupos de la
oposición, supo o quiso responder cómo concretaría su rechazo a la
sentencia condenatoria en caso de producirse.
La profunda crisis social y política a que ha
conducido el proceso soberanista exigiría un presidente de la
Generalitat de una talla política extraordinaria. Por el contrario, nos
hallamos ante un activista del secesionismo, sin altura de miras
políticas y que opera como una especie de títere de Puigdemont.
El jueves 4 de octubre, Junts per Catalunya rompió con
el acuerdo sobre la designación de sustitutos a sus diputados
encausados por rebelión, probablemente a instancias de Puigdemont. Esto
provocó un enorme malestar en ERC que amenazó con romper el pacto de
gobierno y precipitar la disolución de la cámara.
Bajo esta amenaza, los
exconvergentes acordaron una solución que, según los letrados del
Parlament, no se ajusta a los requerimientos de Llarena, lo cual provocó
que el pleno fuera atrasado hasta el martes 10 de octubre. La maniobra
de Junts per Catalunya se explica en el marco de su pugna con ERC para
conseguir la hegemonía en el movimiento secesionista, haciéndolos
aparecer ante sus bases sociales como pactistas que se pliegan a las
exigencias del Estado español, frente a la firmeza de Junts pel Sí. Otra
notable inversión de papeles, pues históricamente ERC era la formación
consecuentemente independentista, frente a la tibieza autonomista de
Convergència.
El president Torra y el vicepresident Pere Aragonés
(ERC) comparecieron el viernes 5 de octubre en una desangelada rueda
prensa para intentar convencer a la opinión pública que la crisis se
había cerrado y que no peligraba la unidad del gobierno de coalición, al
menos hasta la sentencia de los líderes acusados por rebelión. La
reanudación del pleno, el 10 de octubre, confirmó que la crisis
continuaba abierta y se agravaba.
La negativa de Junts per Catalunya a aceptar el
dictamen de los letrados de la cámara sobre los diputados suspendidos,
precipitó una decisión insólita. ERC y PSC unieron sus fuerzas en la
mesa del Parlamente para que no se contabilizan los votos de Carles
Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez.
Por primera vez,
ERC plantó cara a la estrategia legitimista y de enfrentamiento frontal
con el Estado de Puigdemont, entre otras cosas para preservar la figura
de Torrent. Esto, unido a que Toni Comín (ERC) tampoco puede votar
pendiente de la resolución de recursos judiciales, provocó la pérdida de
la mayoría independentista en la cámara.(...)
En cualquier otra cámara legislativa, la clamorosa ruptura entre los
partidos que apoyan al ejecutivo y la pérdida de la mayoría
parlamentaria conduciría a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Sin embargo, en el mundo surreal del secesionismo, el ejecutivo podría
intentarse mantenerse en unas condiciones difícilmente imaginables hasta
la sentencia a los líderes independentistas, pues ésta es la única
argamasa que mantiene la muy precaria cohesión del gobierno catalán.
En
este caso asistiríamos a una imparable degradación de las instituciones
de autogobierno, justamente a manos de aquellos que aseguran ser sus más
firmes defensores, en otra de las paradojas que recorren el proceso
soberanista.
El movimiento independentista aun no ha digerido el fracaso de la vía
unilateral. Nadie osa a comunicárselo a sus bases ante el temor de ser
tachados de mentirosos y traidores. Los dirigentes de ERC, con la boca
pequeña, realizan declaraciones en esa dirección, como las de Joan
Tardà, sobre la estupidez de querer imponer la secesión con la mitad de
la población en contra, Gabriel Rufián sobre la necesidad de reventar la
burbuja del independentismo mágico (que él mismo infló) o del portavoz
parlamentario Sergi Sabrià sobre los falsos atajos a la independencia.
Sin embargo, no se atreven a plantear claramente que debe iniciarse una
nueva etapa tras el fracaso de la vía unilateral. El gesto de Torrent,
al apoyarse en el PSC para desautorizar al grupo de Waterloo, indica que
podría avanzar en esa dirección, aunque esto supondría el estallido del
ejecutivo ante dos estrategias diametralmente opuestas. (...)
Estas turbulencias políticas han provocado que haya
pasado prácticamente desapercibida la operación contra la corrupción en
la Diputación de Lleida que ha comportado la detención de sus
presidente, que a su vez lo es de PDeCat en esta demarcación, así como
de numerosos altos cargos públicos del partido.
Hasta el momento, las bases sociales del
independentismo han aguantado estoicamente los bandazos y falsas
promesas de sus líderes. Sin embargo, estas últimas convulsiones pueden
provocar que sectores de sus bases acaben por desencantarse como ha
advertido Òmnium Cultural. Esto generaría un escenario de frustración
colectiva, cuyos síntomas empiezan a detectarse, de difícil gestión y
donde no pueden excluirse las reacciones violentas." (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 10/10/18)
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