"El cupo vasco
es el secreto mejor guardado por los gobiernos de España y el País
Vasco. Para el gobierno de turno, este acuerdo ha sido siempre la vía
para conseguir el apoyo del PNV en el Congreso,
por lo que necesitaban mantener en secreto la opacidad del cálculo.
Sin
embargo, a partir de ahora tendrán que publicar el acuerdo íntegro con
todos los detalles del cálculo, lo que obligará a que el cupo vuelva a
responder a motivos puramente económicos y no políticos. Así lo determina la sentencia 88/18
del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de
Madrid, en la que critica la opacidad del Ministerio de Hacienda y
obliga a publicar el acuerdo firmado por el Gobierno central y el País
Vasco en mayo de 2017.
De esta forma, aclara el tribunal, los ciudadanos
podrán realizar un verdadero control sobre el gasto público para que no
sea simplemente una factura que pagan todos los contribuyentes del
Estado para que el partido en el gobierno obtenga el apoyo del PNV.
Esta sentencia permitirá conocer todos los detalles
del cálculo del cupo por primera vez. El fallo viene motivado por el
requerimiento de un investigador que hizo al Ministerio de Hacienda a
través de la Ley de Transparencia
para un estudio sobre la financiación autonómica y el sistema de cupos.
El ministerio rechazó la petición y el investigador se vio obligado a
recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que le dio la razón en una de las últimas resoluciones firmadas por Esther Arizmendi, fallecida hace casi un año.
Hacienda decidió no acatar el dictamen del CTBG y lo
trasladó a los tribunales, que han avalado jurídicamente todos los
argumentos esgrimidos por el Consejo. La sentencia es firme desde esta
semana, ya que el ministerio, ahora liderado por María Jesús Montero, decidió no recurrir el fallo. En los próximos días, Hacienda tendrá que publicar todos los datos y, por fin, los investigadores podrán analizar cómo se ha realizado el cálculo durante todos estos años sin tener que recurrir a estimaciones inexactas. (...)
El cupo es la aportación anual que realiza el País
Vasco al Estado por los servicios que reciben los ciudadanos de la
comunidad y que no financian por estar centralizados. El ejemplo más
claro es el del ejército, que sirve a todo el país aunque lo financia la
Administración Central. Como el País Vasco recauda sus propios
tributos, después tiene que darle al Estado la parte correspondiente de
todos esos servicios.
Ahí está el problema: es necesario calcular
el coste de esos servicios, así como la recaudación del Estado que
corresponde al País Vasco y viceversa. En primer lugar, se estima el índice de imputación,
que es la financiación Estatal que tendría que asumir el País Vasco, y
que se calcula como el porcentaje de la población de la región sobre el
total nacional. A partir de esta cifra inicial, se realizan una gran
cantidad de ajustes sobre estimaciones del coste de los servicios,
tributos recaudados, etc.
Todos estos cálculos no son públicos y ahí es donde
reside el problema. Como consecuencia de esta opacidad, los expertos son
incapaces de predecir cuál va a ser el cupo y la liquidación anual y
tampoco pueden juzgar si las revisiones realizadas por los gobiernos
estatal y autonómico son correctas.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el acuerdo firmado en 2017, el importe de los cupos fijados a País Vasco y Navarra desde el año 1978, el coste estimado
para las competencias transferidas y no transferidas desde 2000 y "otra
información relevante a efectos de realizar un trabajo de investigación
sobre el sistema de financiación autonómica y el sistema de cupos".
El
ministerio se negó a ofrecer estos datos, lo que motivó que el ciudadano
presentara un recurso ante el CTBG, quien le dio la razón en cuanto al
primer punto. Sobre los otros dos, el Consejo consideró que no resulta
de aplicación la Ley de Transparencia,
sino la normativa sobre archivos estatales, que contempla un proceso
diferente para el acceso a información pública más antigua.
Este empeño en mantener oculta esta información ha sido siempre motivo de sospecha
para los expertos. La decisión del nuevo equipo ministerial, ahora con
el PSOE en el Gobierno, de no recurrir la sentencia en primera instancia
marca un claro gesto respecto al anterior Ejecutivo. Para el Consejo de
Transparencia, la sentencia es "muy contundente", lo que refleja la voluntad de los tribunales de mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas." (Javier G. Jorrín, Javier Escudero, El Confidencial, 23/09/18)
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