"La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos catalanes
reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad
de que reciban "órdenes fuera de la legalidad por parte de sus
superiores".
A través de un comunicado, el sindicato ha informado de las
solicitudes remitidas por parte de los funcionarios tras anunciar el
presidente catalán, Carles Puigdemont, la fecha y la pregunta del referéndum de independencia, que pretende celebrar el 1 de octubre.
CSIF asegura haber recibido solicitudes de información en diferentes
departamentos, como justicia, prisiones, educación, la Agencia
Tributaria e incluso de la propia Generalitat. Además, asegura que tiene
"constancia de funcionarios que se han negado a participar en el
concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar para el
referéndum".
En este sentido, desde el sindicato se va a iniciar una campaña
informativa en la que se va a divulgar el protocolo a todos los
departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como
de la Administración General del Estado presente en Cataluña, "teniendo
en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de
la Generalitat para los funcionarios".
SEGURIDAD Y FIRMEZA PARA LOS FUNCIONARIOS
Asimismo, informa el sindicato, se intensificará la labor informativa
en los centros educativos donde el Ejecutivo catalán tiene previsto
organizar la consulta, "pensando especialmente" en los responsables de
la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las
puertas de las instalaciones para el referéndum.
CSIF ha trasladado un mensaje de "seguridad y firmeza" a los
funcionarios en el caso en que decidan no acatar órdenes del Gobierno
catalán. Según el sindicato, "no incurrirán en ninguna responsabilidad
cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional". "No caben
amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat",
añaden,
De esta manera, este organismo garantiza que el Estado "velará por la
seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban
órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones en línea con el
protocolo que ha diseñado CSIF, ante la posibilidad de que se den este
tipo de situaciones".
IR A LA POLICÍA A DENUNCIAR
El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados
públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda
ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para
tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento
de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de
su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos
legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá
en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, el protocolo "recuerda el
derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y
ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes". Es
más, CSIF recomienda "interponer la correspondiente denuncia ante la
Policía, Fiscalía u órganos judiciales". (La Voz Libre, 09/06/17)
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