"Hace ya varios años que el desprecio al derecho —a la Constitución,
leyes y sentencias— se ha instalado cómodamente en la Cataluña oficial. (...)
¿Qué puede y debe hacer el Estado ante tal situación? La respuesta constitucional es clara.
(...) la solución a estos otros medios los ofrece el artículo 155 CE que
en un redactado muy parecido a la Constitución alemana establece el
mecanismo de la llamada “coerción federal”.
Este mecanismo es menos grave para la autonomía que el previsto en
Constituciones de otros Estados federales en que el Ejecutivo central,
en supuestos semejantes, puede disolver los Parlamentos de los länder
(Austria), aprobar unas indeterminadas medidas necesarias (Suiza) o
destituir a los Gobiernos de las regiones (Italia).
En el caso español
se trata, simplemente, de que si una comunidad autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución o la ley le imponga, o actuare de
forma que atente gravemente contra el interés general de España, el
Gobierno, tras cumplir ciertos requisitos formales, pueda adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones o la
protección del mencionado interés general. Para ello, según la
Constitución, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las
autoridades de la comunidad. (...)
Queda claro, por tanto, que no se trata de una suspensión de la
autonomía, ni de la disolución de alguno de sus órganos, sino de la
modificación de la relación jerárquica de las autoridades autonómicas
—legislativas, gubernativas y administrativas— por el hecho de incumplir
reiteradamente sus obligaciones.
Como ya hemos dicho, ello sólo puede
darse en supuestos extraordinarios, cuando los recursos judiciales
ordinarios no puedan ser eficaces y, por tanto, las medidas adoptadas
deben ser prudentes, aplicadas de acuerdo con los principios de
necesidad, proporcionalidad e intervención mínima. Sólo en el caso de
que, mediante actos de insurrección o violencia, se opusiera resistencia
a estas medidas, podría declararse el estado de sitio.
Ni Junqueras, ni Mas, ni cualquier otra autoridad autonómica, pueden
colar goles al Estado, que está bien pertrechado jurídicamente para
defenderse, es decir, para garantizar los derechos y libertades de los
españoles, que es su único objetivo. Y si determinados partidos quieren
separarse de España —y, por consiguiente, de Europa— también hay
procedimientos para ello.
Sin embargo, como todo en la vida, para
alcanzar unos objetivos siempre hay que cumplir ciertos requisitos y,
también en la vida sucede lo mismo, éstos nunca pueden estar basados en
el engaño, la ocultación, la mentira y la deslealtad." (
Francesc de Carreras
, El País , 20 JUL 2015)
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