"(...) Se ha hablado mucho sobre la vía canadiense, sobre el muy conocido y celebrado dictamen sobre la secesión unilateral de Quebec del Tribunal Supremo de Canadá (TSC) en 1998, y en términos generalmente muy positivos.(...)
El TSC insiste en el carácter político del problema que en su día se le planteó y en su difícil justiciabilidad. De hecho, si atendemos a lo ocurrido tras su dictamen de 1998, podremos observar que la Clarity Act
aprobada por el Parlamento canadiense en 2000 no ha zanjado el
conflicto con Quebec.
A dicha ley le siguió otra ley del Parlamento de
Quebec en 2001 ( ley sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y las prerrogativas del pueblo quebequense y del Estado de Quebec)
en respuesta a lo que se percibió como un intento por parte del
Gobierno canadiense de seguir teniendo, jurídicamente hablando, la
sartén por el mango.
En efecto, frente a lo que parece prever la Clarity Act,
la ley quebequense afirma que un 50 % más un voto favorable a la
independencia sería suficiente.
La existencia de dos leyes que se
contradicen sobre aspectos importantes del debate (la claridad de la
pregunta o la mayoría necesaria para la independencia) muestra que el
uso del derecho con el fin de satisfacer fines unilaterales no resuelve
el problema político. (...)" ( Jorge Cagiao Conde
, eldiario.es, 30/10/2014)
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