Las consecuencias económicas de una Cataluña independiente

"(...) se nos dice que Cataluña podría obtener un estatuto similar al de Suiza para acceder al Mercado Único Europeo, seguiría utilizando el euro como moneda de curso legal y que todos nosotros obtendríamos la doble nacionalidad (catalana y española) lo que nos permitiría gozar de facto de las ventajas de la pertenencia a la UE aun estando fuera de ella y hasta que la adhesión a la UE fuera una realidad de jure. Sin embargo, me temo que la cuestión no es tan simple.

En primer lugar, una vez excluida de la UE, para tener acceso al Mercado Único Europeo (libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales), Cataluña debería firmar un acuerdo similar al que la UE tiene con Suiza, con la EFTA (es decir, Noruega, Islandia y Liechtenstein) a través del denominado Espacio Económico Europeo (EEE) y con algunos otros países.

Efectivamente, de ser así, las exportaciones de las empresas catalanas a la UE no estarían sujetas a ningún arancel, los ciudadanos podríamos circular libremente y los capitales tener libertad para efectuar inversiones en su territorio.

Sin embargo, hay que recordar que la UE tiene como principio el no negociar este tipo de acuerdos con aquellos estados que no pertenezcan a la Organización Mundial del Comercio (OMC), como sería inicialmente el caso de una Cataluña independiente (un proceso que lleva su tiempo). 

 Pero, además, hay dos pequeños problemas: para empezar, que la firma de un Acuerdo de Asociación exige la aprobación por parte de todos y cada uno de sus estados miembros tanto del mandato de negociación como del texto final del acuerdo debido al sistema de distribución de competencias existente entre éstos y la UE propiamente dicha.

 Asimismo, que la entrada en vigor de un tal acuerdo puede llevar varios años (entre negociación y ratificación por cada estado miembro), si bien es cierto que el Consejo de la UE podría decidir (por mayoría cualificada) la aplicación provisional de aquellos aspectos del acuerdo que estuvieran bajo competencia exclusiva comunitaria (como por ejemplo, la eliminación de los aranceles a las exportaciones de mercancías) sin esperar a su ratificación. 

En cualquier caso, todo el proceso (entrada en la OMC y firma del acuerdo) podría llevar algunos años (entre 3 y 5). Por lo tanto, las reticencias de parte del empresariado catalán hacia la independencia seguirían estando plenamente justificadas por lo que ésta supondría de sobre coste a sus exportaciones y dificultades en sus inversiones, como mínimo en el corto y medio plazo.

En segundo lugar, es cierto que una Cataluña independiente podría continuar utilizando el euro como moneda oficial. Sin embargo, y dada la idiosincrasia del BCE, tengo mis dudas de que fuera posible la firma de un acuerdo monetario con Cataluña, entre otras cosas porque al día de hoy el control de los agregados monetarios es todavía uno de los pilares de su política monetaria lo que supone, por su parte, el querer reducir a lo estrictamente necesario las situaciones “especiales” de países que utilizan el euro fuera de la UE y que, además, disponen de un tal tipo de acuerdo (que, hoy por hoy, sólo incluye a pequeños países como Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano).

Sin embargo, el problema vendría de las dificultades que los bancos catalanes encontrarían para poder refinanciarse a través del BCE, ya que estos no podrían hacerlo más que de una forma limitada a través de una filial o sucursales establecidas en la UE. 

Esto es debido a que el depósito de garantías (el llamado colateral) es una exigencia ineludible para acceder a la liquidez del BCE; pero no cualquier garantía, sino solamente las de empresas establecidas en el EEE (para activos negociables) o en la zona euro (para activos no negociables), estando específicamente excluidas las garantías dadas por el banco mismo u otra entidad en el que éste tenga una participación superior al 20%.

 En conclusión, las restricciones en el acceso de los bancos catalanes a la refinanciación del BCE en situaciones difíciles como las vividas durante la presente crisis (donde los bancos españoles no tenían acceso al mercado, incluido el interbancario) habría puesto en duda con toda probabilidad la viabilidad misma de los principales bancos catalanes, un verdadero desastre económico para Cataluña, ya que al no disponer de un banco central propio que les proporcionara la liquidez suficiente ni teniendo la Generalitat la capacidad para acudir en su ayuda vía presupuesto, la única alternativa hubiera sido la intervención del FMI a través del programa de ayuda correspondiente y su condicionalidad

Y no podría ser de otra manera, ya que si todos los bancos no comunitarios pudieran acceder a la liquidez del BCE a través de una filial o sucursal, el BCE podría llegar a ser la fuente de liquidez de toda la banca mundial. Algo imposible. Ello solamente es así, fundamentalmente, para las operaciones que los bancos no comunitarios tienen con empresas de la UE.

Pero es que, además, existen otras consecuencias. Solo por citar un ejemplo, el hecho de quedarse fuera de la futura Unión Bancaria supondría un mayor riesgo implícito para los bancos catalanes (pues no disfrutarían de los mecanismos de protección incluidos en ella) que con toda seguridad se reflejaría en un sobre coste en la financiación (mayor prima de riesgo) que quisieran obtener del mercado.

Pero menos mal que algunos han encontrado la solución para hacer entrar en razón a España una vez independientes: no aceptar pagar la parte de la deuda en circulación del Reino de España que tocaría a Cataluña (sea en función de su población o de su importancia económica). Esta posibilidad no existe de verdad en la práctica.

 Desde luego que Cataluña debería asumir la parte que le tocaría de la deuda del Reino de España en caso de establecerse como estado independiente, ya que si no fuera así estoy convencido que los mercados financieros se cerrarían a cal y canto a cualquiera de las emisiones de deuda catalana pues sería algo equivalente a repudiar una parte de tu propia deuda. 

Una situación que implicaría no solo el no poder emitir deuda neta nueva (para financiar el déficit público de la Generalitat), sino también la refinanciación de la existente con el evidente riesgo de impago de la misma y, otra vez, la irremediable intervención del FMI y el subsiguiente programa de ajuste que con toda seguridad incluiría la aceptación de la parte correspondiente de la deuda del Reino de España."             (EL PAÍS 19/12/13, VÍCTOR ANDRÉS MALDONADO, en Fundación para la Libertad)