"Si un concepto ha hecho fortuna en Cataluña en los últimos tiempos ese
es, sin duda alguna, el de "derecho a decidir". Las razones de su éxito
son fáciles de deducir: a todo el mundo le encanta tener derechos -el
tema de los deberes ya nos cuesta un poco más- y se trata de algo que
parece incontestable porque la persona que ose cuestionarlo será acusada
inmediatamente de mezquindad.
Y es que solo desde la perfidia se pueden
negar los derechos de un pueblo. Sin embargo, la realidad es que no se
trata, precisamente, de un concepto diáfano, como trataré de demostrar.
Para empezar, según Eva-Maria Poptcheva, doctora en Derecho
constitucional y especialista en Derecho internacional, se trata más
bien de un concepto de propaganda política que de un concepto con valor
jurídico.
Lo único que podría representar jurídicamente el derecho a
decidir es la democracia directa, es decir, que la ciudadanía decida
sobre cualquier asunto de forma directa y no a través de sus
representantes, tal y como sucede en nuestra democracia representativa. (...)
A veces parece que lo que se puede decidir es ser independiente y
otras, según palabras de Núria de Gispert, presidenta de la Comisión del
Derecho a Decidir en el Parlamento autonómico de Cataluña, el ámbito de
las decisiones es de lo más variopinto y propone hasta cinco cuestiones
que van desde el concierto económico hasta que nadie se inmiscuya en
cuestiones lingüísticas.
Por supuesto, esta multiplicidad va totalmente
en contra de la claridad de la pregunta como señala a Ley de Claridad
canadiense de 2000 o el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral
(2002) de la Comisión de Venecia. Entonces, ¿por qué se ha escogido un
sintagma tan confuso?
"Derecho a decidir" se empieza a utilizar en 2003 en el País Vasco en el conocido popularmente como Plan Ibarretxe.
Ni esta Comunidad Autónoma ni Cataluña son colonias, ni sufren una
dictadura ni son pueblos oprimidos -aunque uno podría creer lo contrario
si lee los argumentarios de ciertos partidos políticos- así que no
pueden acogerse al derecho de autodeterminación y de ahí que necesitaran
de este invento de la neolengua nacionalista.
Según la propaganda oficial, este es un clamor que surge del pueblo y
por eso los buenos demócratas han de darle una respuesta pero, sin
embargo, la realidad es que en 2006 se constituye la Plataforma del Dret
a Decidir (PDD) subvencionada por la Generalidad.
Seis años después, el
Centre Unesco de Catalunya (Unescocat, que tiene más que ver con la
Generalidad que le otorgaba generosas subvenciones que con la UNESCO)
publica un informe titulado Del
derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio
de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin
estado, en el que se insta a sustituir el derecho de autodeterminación por el derecho a decidir.
Dicho informe está firmado por Jaume López Hernández que,
casualidades de la vida, fue socio fundador y presidente de la PDD. Así
pues, derecho a decidir es un neologismo creado desde el poder -y no por
la voluntad espontánea del pueblo- para soslayar el derecho
internacional, que no se utiliza en ningún otro país y que no se recoge
en ninguna legalidad internacional. (...)" (Sonia Sierra, Crónica Global, Jueves, 12 de septiembre de 2013)
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