"En términos absolutos, y a falta de que la Generalitat haya ofrecido sus propios datos, Cataluña no solo no es la autonomía con menos infraestructuras públicas: en realidad es la que más acumula.
El stock
de capital público (suma de todas las inversiones realizadas y su
posterior depreciación) hasta 2009 alcanzó los 56.800 millones de euros,
una cifra incluso superior a la segunda de la lista, Andalucía, con
56.260 millones de euros, según el informe El stock y los servicios de
capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2010),
elaborado para la Fundación BBVA hace un año.
Cataluña es además, después de Andalucía, la autonomía que más
infraestructuras ha conseguido del Estado en la última década, según un
análisis de las dotaciones presupuestarias elaborado por EXPANSIÓN.
Ambas suman casi 60.000 millones en infraestructuras en la pasada
década, lo que representa un tercio de todo lo invertido en las
comunidades autónomas.
Cataluña ha recibido en la última década el 14,5%
de la inversión pública dotada en los correspondientes Presupuestos
Generales del Estado entre 2004 y 2013, por un importe conjunto de
27.730 millones de euros. Esta cantidad solo es superada por Andalucía,
con 31.755 millones de euros.
Estas cifras solo contemplan la inversión regionalizada en la
presentación de las cuentas de cada ejercicio, pero no otros capítulos
que incluyen transferencias de capital para inversiones o créditos no
determinados en su inicio para cumplir con las disposiciones
estatutarias de las autonomías.
En el caso de Cataluña, este reajuste
supone al menos 3.300 millones adicionales durante los 10 últimos
Presupuestos que no fueron concretados en el momento de su elaboración
(contabilizada entonces como inversión no regionalizable).
¿Tiene motivos Artur Mas para quejarse con la amargura mostrada en
los últimos años por el llamado déficit de infraestructuras? Lógicamente
sus reclamaciones están orientadas a vincular el importe de las
inversiones con factores más determinantes que su volumen absoluto, como
son por ejemplo la población o el peso relativo de la autonomía en el
PIB (el peso económico de Cataluña en España alcanza el 18,7% y sus
habitantes suman casi el 16% del total del Estado).
Cataluña sí podría
sentirse discriminada en este aspecto, aunque junto a otro gran grupo de
comunidades que tampoco han sido tratadas proporcionalmente por el
Estado en estos términos, incluso peor.
La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y, hasta la
propia Andalucía, son regiones que han recibido inversiones por debajo
de su peso poblacional. En un ranking de inversión por habitante,
Cataluña ocuparía la undécima posición entre la 17. Por debajo de ella
se encuentran Madrid, Valencia, Baleares, País Vasco, Navarra y
Canarias.
“En relación al PIB o la población, las regiones del arco
mediterráneo tienen dotaciones bajas, en relación a su superficie, no
tanto, porque son más densas”, señala Francisco Pérez, director del
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y coautor del
documento.
En este sentido, Castilla y León o Castilla-La Mancha han recibido
inversiones por un importe relativo mayor, aunque deben tenerse en
cuenta factores como la extensión territorial (mucho mayor) y la
conectividad. ¿Debe contemplar Cataluña la inversión realizada en Aragón
o Castilla-La Mancha para que Barcelona esté unida con Madrid mediante
la alta velocidad ferroviaria?
El stock de capital público en Cataluña es inferior a su peso económico, según el estudio de la Fundación BBVA y el IVIE. El primero supone 18,6% en 2009, frente a una inversión del 15,6% sobre el total español. Valencia tiene un peso en el PIB del 9,7% y su capital público supone el 9%. Madrid, con una economía que aportó el 18%, ha acumulado el 12,2%.
El catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense,
Rafael Myro, considera que la inversión en Cataluña ha sido más baja que
lo que debería recibir, al igual que en otras regiones:
“Las
inversiones desde la Administración Central en Cataluña, como sucede con
las de Madrid, se han asignado con niveles bajos en términos per
capita, no en volumen, y de ahí, las quejas sistemáticas de Cataluña: ha
habido un planteamiento de las infraestructuras más distributivo que
potenciar los ejes económicos”.
Cinco comunidades con disposiciones concretas en sus estatutos
autonómicos (Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Castilla y
León) fijan una determinada proporción de inversiones que deben
realizarse en su territorio independientemente de la dotación conjunta.
Este hecho condujo entre otras cosas a que tanto la Generalitat como la
Junta andaluza presidida por el PSOE recibieran en los primeros
presupuestos de la recesión (2009), elaborados por el Ejecutivo de
Zapatero, una dotación superior a la del ejercicio anterior, a pesar de
que el conjunto del Estado se viera rebajado, en detrimento de otras
regiones que fueron castigadas, como Madrid, La Rioja y Canarias.
Es cierto que los Presupuestos del Estado en los últimos ejercicios
han incumplido la premisa de invertir en Cataluña lo mismo que aporta la
autonomía al PIB español.
Mientras que desde la Generalitat se ha visto
como una ilegalidad, lo cierto es que el Constitucional dictaminó en la
sentencia del Estatut en 2010 que tal disposición no puede ser
vinculante, ya que un texto autonómico no puede suponer un mandato
obligatorio a la hora de elaborar una norma estatal, como son unos
Presupuestos." (Expansión, 15/01/2013)
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