"El sistema de atención a las personas dependientes, configurado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos necesitados de una ayuda, se ha revelado un mapa desigual al arbitrio de la voluntad política y lastrado por una situación económica difícil. Las diferencias entre unas comunidades y otras son enormes, tanto en el gasto como en los ciudadanos atendidos o en las prestaciones que se conceden.
Pero son precisamente esas diferencias las que dibujan la voluntad de algunas de ellas por seguir avanzando en el desarrollo de la ley mientras que en otras regiones se percibe con claridad el ritmo mortecino de su implantación. (...)
Cuanto peor sea la atención prestada y menor sea la cobertura del sistema, mejor les irá económicamente a las comunidades. Y es aquí donde se han desvelado las dos cuestiones recurrentes en nuestros informes: la falta de voluntad política y la impericia de algunas comunidades para la implantación del sistema.
Pueden tener razones para la queja (en materia financiera es evidente) pero ninguna razón es válida para incumplir una ley aprobada en las Cortes que, además, afecta tanto a la calidad de vida y a los derechos de las personas", concluye Barriga." (El País, 17/12/2010, p. 41)
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