"A la ley, aprobada en 2006 con una amplia mayoría parlamentaria y que pretendía implantar un cuarto pilar del Estado del Bienestar junto a la educación, la sanidad y las pensiones, le está costando arrancar. Son las administraciones autonómicas las que deben gestionar su aplicación, con la colaboración de los ayuntamientos. Al Estado central le toca financiar (en parte) y coordinar. Y la coordinación no acaba de funcionar. El gran problema de la ley la aplicación desigual que está teniendo. Todo depende de dónde resida el dependiente." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 12/04/2009, p. 29)
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