"Critica nuestra izquierda oficial a Ayuso porque aprovecha la capacidad fiscal que tienen las Comunidades Autónomas para eliminar impuestos propios y bajar el tramo autonómico del IRPF.
Sin embargo, durante muchos años se sacralizó el Estado de las Autonomías como la panacea progresista. Cualquier conato de duda ante el vaciamiento competencial del Estado central se contemplaba como un rancio ejercicio de centralismo casposo y casi franquista. ¿Cómo explicar la sorpresa ahora ante la política de la presidenta autonómica de Madrid?
En el culmen del despropósito, el
lehendakari Urkullu expresa su preocupación por la competencia fiscal a
la baja del PP en Madrid. Acto seguido, pasa a defender el régimen
fiscal especial que supone el concierto económico vasco (defensa en la
que coincide con el PP, por cierto).
El argumento es claro: como
nosotros lo negociamos, es razonable que dispongamos de un estatuto
privilegiado frente a los demás. Del nacionalismo no se puede esperar
mucho más que la vindicación del privilegio. Sorprende algo más de una
supuesta izquierda que, ya muy lejos del socialismo y la igualdad, se
abraza a inercias neo-feudales.
Si asombra el compromiso de esta extraña
izquierda con un sistema fiscal privilegiado que se justifica por la
escalofriante razón de unos supuestos derechos históricos de los
territorios forales –los que también afectan a Navarra, que dispone de
otro artilugio igualmente insolidario como es el convenio navarro– aún
causa mayor estupor la total emancipación respecto al principio de
contradicción. Concreción práctica: no importa absolutamente nada
conciliar en un intervalo de minutos la crítica a la competencia fiscal
autonómica que propulsa Ayuso con la defensa a ultranza de dos regímenes
fiscales diferenciados y privilegiados como el concierto y el convenio.
En
una reciente tertulia nacional, un periodista y un político
supuestamente de izquierdas defendían el concierto económico con el más
triste argumento: fue negociado con el Estado por dichas regiones,
aprovechando un momento de debilidad. Se daba carta de naturaleza
progresista a la lógica de la extorsión competencial: si una parte ha
conseguido algo en un momento de debilidad del todo, bienvenida sea esa
conquista, caiga quien caiga y aunque caiga la igualdad. Aunque se suela
confundir con los viejos fueros medievales, el concierto económico
vasco es un apaño decimonónico alumbrado tras la tercera guerra carlista
por las elites de la Restauración. Una compensación por la eliminación
de dichos fueros que institucionalizó un trato diferencial para acomodar
a los vestigios del carlismo y cuyos efluvios insolidarios sufrimos a
día de hoy.
Gracias al concierto económico y al convenio, País Vasco y Navarra no
contribuyen a la financiación común de los servicios públicos en el
conjunto de España. La redistribución salta por los aires cuando se
permiten sendos regímenes bilaterales que excluyen a dos regiones
eminentemente ricas del sistema fiscal común y, por tanto, de la
redistribución con el conjunto de los españoles.
Más allá de conciertos, convenios y
fundamentaciones impresentables para cualquier persona con una firme
convicción igualitaria –como aquella que apunta a la legitimidad del
privilegio si el privilegiado es suficientemente audaz para negociarlo
aún a costa del bienestar y los derechos de los demás; o esa otra que
directamente apunta a unos derechos históricos de los territorios
forales que justificarían cualquier trato de favor–es obvio que tenemos
un problema con la descentralización, también en materia fiscal.
Aborrezco la política de competencia alocada entre regiones que permite a
las regiones más ricas encontrar mecanismos de atracción de grandes
patrimonios y fortunas para la deslocalización interna.
Es lo que ocurre
con numerosas sociedades que se marcharon de Burgos o La Rioja para
instalarse en el País Vasco y es también lo que ha acontecido en Madrid
con la bonificación completa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o
el de Patrimonio, lo que ha promocionado que grandes fortunas y
patrimonios hayan encontrado acogida en un entorno fiscalmente laxo.
Habrá
quien defienda la competencia fiscal como generadora de incentivos
internos para la creación de riqueza. A mi juicio, salen gravemente
perjudicadas la redistribución y la igualdad. Sería muy razonable que
los partidos que teóricamente ocupan la izquierda parlamentaria
defendieran los citados impuestos, de corte eminentemente progresivo,
pero lo que no tiene ningún sentido es que lo hagan en el plano teórico,
al mismo tiempo que dan el visto bueno a su descentralización
normativa, por extraños complejos que asimilan la centralización
competencial a la rancia derecha carpetovetónica que tritura la
diversidad.
En el caso que nos ocupa, los tipos impositivos
en España son muy diversos y no por ello estamos ante una buena noticia,
al menos si nos tomamos en serio la redistribución. Que liberales como
Daniel Lacalle defiendan que «el cupo no es el problema, sino la
solución para la financiación autonómica» es algo perfectamente
comprensible para esa tendencia política. Lo que no tiene mucho sentido
es que la izquierda haya patrocinado durante años cosas muy similares.
Así, el principio de ordinalidad o, en su versión más rudimentaria, la
célebre proclama de Montilla de que «el dinero de los catalanes debe
quedarse en Cataluña».
Ya advirtieron
Piketty o Zucman, economistas serios de izquierdas, que un sistema
fiscal descentralizado con transferencias a regiones y autonomías aboca a
la competencia entre las mismas (siempre a la baja) y a la consiguiente
derogación de facto de los impuestos más progresivos. En España, la
descentralización fiscal ha superado a la de los propios Estados
federales: ahí está el caso del tramo autonómico del IRPF o de las
transferencias en impuestos especiales.
Lo
que no vale es defender la retórica insolidaria de las balanzas fiscales
en Cataluña y sorprenderse cuando la muy autonomista Ayuso defiende
llevar hasta las últimas consecuencias el marco competencial de la CCAA.
O criticar una agresiva competencia fiscal autonómica y defender al
mismo tiempo el concierto económico y el convenio navarro como modelos
perfectamente compatibles con la solidaridad interterritorial, cuando
son su total negación.
Desde las antípodas de la política fiscal de
Ayuso, tenemos la obligación de denunciar su modelo, al tiempo que
criticamos con idéntica contundencia las contracciones insalvables de
nuestra izquierda confederal. La única forma de garantizar un sistema
fiscal verdaderamente progresivo es recuperar la capacidad normativa de
todos los impuestos para el Estado central y no volver a transferirla
jamás."
(Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino, El Debate, 11/11/21)
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