"Acaso por una de esas casualidades del destino, el mismo día que
ingresaba en prisión Fèlix Millet, el saqueador del Palau de la Música,
el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría la concesión del
suplicatorio de Laura Borràs, portavoz de la formación postconvergente
Junts per Catalunya (JxCat), en la cámara baja española.
Borràs está siendo investigada por los presuntos delitos de
prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad
documental por sus supuestas irregularidades en la adjudicación de 18
contratos por valor de casi 260 mil euros en su etapa como directora de
la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 y 2017. El
escándalo estalló tras la filtración en La Vanguardia de una
serie de correos electrónicos entre Borràs y su amigo informático Isaías
Herrero, condenado en diciembre de 2019 por Audiencia Nacional a cinco
años de prisión por tráfico de drogas, falsificación de moneda y fraude
en el suministro eléctrico, donde Borràs le indicaba la manera de fraccionar los pagos.
Según el auto del Tribunal Supremo, entre 2013 y 2017, se realizó un “fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados,
siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las
normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo”. Borràs,
según el Supremo, “propuso la contratación, acordó la adjudicación,
resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del
servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el
pago”.
Borràs adquirió cierta notoriedad al ser una de las firmantes del
polémico manifiesto del grupo Koyné, en abril de 2016, titulado Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent que
criticaba duramente el bilingüismo, propugnaba que el catalán fuese la
única lengua oficial del país y acusaba a los inmigrantes de ser
instrumentos del franquismo para “colonizar” Catalunya.
De hecho, dicen
las malas lenguas, que su papel en el grupo Koyné fue un factor
fundamental para su inclusión en las listas de JxCat en las elecciones
al Parlament de 2017 y su designación como consellera de Cultura en mayo
2018. En las generales de 28 abril 2019 se presentó como número dos de
JxCat, detrás del encarcelado presidente de la Assemblea Nacional de
Catalunya (ANC) Jordi Sánchez. Pródiga en declaraciones supremacistas e
hispanofóbicas, durante la pandemia del Covid-19 se distinguió por
apuntarse a las tesis del “España nos mata.”
Borràs pertenece al núcleo duro de confianza de Carles Puigdemont y
tenía todos los números para encabezar la lista de esta formación en las
próximas elecciones anunciadas pero no convocadas al Parlament de
Catalunya. La concesión del suplicatorio obligará a buscar otro
candidato en un momento de gran confusión e incertidumbre en el espacio
postconvergente. Así, existen grandes tensiones en JxCat entre los
partidarios de Puigdemont, organizados en torno a la Crida Nacional per
la República y el sector institucional liderado por David Bonvehí,
reunido bajo la sigla PDeCAT. Paralelamente, dirigentes “moderados” de
Convergència como Marta Pascal o Carles Campuzano, purgados por
Puigdemont, han fundado el Partit Nacionalista Català que aspira a
aglutinar el espacio que va del autonomismo al independentismo no
unilateralista.
La patria como negocio
Desde su imputación, Borràs ha protagonizado una agresiva campaña, en
la línea de que la mejor defensa es un ataque, proclamando su inocencia
y atribuyendo su situación judicial a una persecución política y a la
represión del Estado contra el movimiento independentista. Un
argumentario calcado al que con tanto éxito empleó Jordi Pujol desde el
caso Banca Catalana (1984) y que le hicieron inmune a la interminable
lista de casos de corrupción que jalonaron su mandato. Justamente, el
caso del Palau de la Música y la confesión de Jordi Pujol sobre la
supuesta herencia de su padre Florenci marcaron el punto de inflexión de
esa impunidad.
La sentencia del Palau fue especialmente significativa
al condenar a Convergència y al tesorero del partido Daniel Osàcar de la
vieja guardia pujolista por quien Artur Mas puso reiteradamente la mano
en el fuego. De hecho, ambos casos determinaron la disolución del
partido en parte para eludir sus responsabilidades penales y económicas,
en parte para abandonar unas siglas manchadas por la corrupción. Según
algunos analistas tapar la corrupción fue la principal razón del giro
soberanista del catalanismo conservador. A nuestro juicio, éste sin duda
fue un elemento importante pero insuficiente para explicar la apuesta
estratégica por la secesión en la que concurren otros factores de orden
ideológico y político de fondo.
Ahora bien, en el caso Borràs, llama poderosamente la atención cómo
el mecanismo de tapar la corrupción con la bandera continúa siendo tan
efectivo. JxCat, que controla los poderosos medios de comunicación de la
Generalitat, ha impulsado una campaña dirigida no tanto contra las
instancias judiciales españolas, sino contra sus rivales electorales de
ERC y CUP, en otro episodio de la interminable pugna por la hegemonía
del movimiento independentista. En principio, se trató de buscar una
fórmula unitaria entre las tres formaciones consistente en no asistir al
debate y votación del suplicatorio.
Ello ante la negativa de Borràs de
seguir las recomendaciones de la CUP y posteriormente de ERC de
renunciar al acta de diputada para escapar de las “garras” de la sala
segunda del Tribunal Supremo, presidida por el criminalizado juez Manuel
Marchena. Aquí hemos de tener en cuenta que, desde el inicio del
proceso soberanista, se ha desencadenado una incansable campaña de
descrédito de las instancias judiciales españolas, especialmente
dirigida contra los tribunales Supremo y Constitucional que ha calado en
amplios sectores de la ciudadanía. Finalmente, JxCat rompió el
preacuerdo e insistió en que la única postura válida era votar no al
suplicatorio.
Aquí ERC y CUP se han visto atrapados en la contradicción entre ser
coherentes con la línea patriótica de denuncia a la represión de las
instancias judiciales españolas y el combate contra las fundadas
sospechas de corrupción que penden sobre Borràs. Asimismo debe
observarse el comportamiento errático de Unidas Podemos que, en la
reunión de la Comisión del Estatuto de los Diputados donde se inició el
procedimiento para conceder el suplicatorio, se abstuvo, pero finalmente
votó a favor de su concesión en el pleno del Congreso celebrado a
puerta cerrada y con voto secreto. Acaso el temor de verse alineado con
los grupos nacionalistas e independentistas y no parecer lo
suficientemente combativos contra la corrupción provocó este
significativo cambio de posición.
La negativa a conceder el suplicatorio solo contó con los quince
votos del PNV y JxCat mostrando la solidaridad del nacionalismo
conservador. Las formaciones del denominado nacionalismo de izquierdas:
ERC, CUP, Compromís y BNG decidieron ausentarse. No está clara la
postura de EH Bildu, según algunas fuentes tampoco participaron en la
votación; según El Periódico de Catalunya
se habría desmarcado del acuerdo con ERC y se habría abstenido, lo cual
explicaría las cinco abstenciones del escrutinio del suplicatorio .
Las declaraciones de Borràs acusando a ERC y CUP de blanquear al
Supremo y denunciando que la represión no puede ganar por
incomparecencia del rival, muestran a las claras cómo JxCat desea sacar
réditos electorales de la postura poco patriótica de estas formaciones,
en una discusión donde las fundadas sospechas de corrupción pasan a un
segundo plano.
Aquí cabe señalar las pobres justificaciones de Gabriel
Rufián según las cuales el voto de ERC no era decisivo para la concesión
del suplicatorio y, particularmente, la mención al pacto entre
postconvergentes y socialistas en la Diputación de Barcelona para
arrebatar su presidencia a ERC. Rufián manifestó una extraña concepción
de la separación de poderes al argumentar que como parte de este pacto
en la Diputación, JxCat debería haber negociado con el PSC la inmunidad
de Borràs.
Más allá de los numerosos casos de corrupción del catalanismo
conservador, el nacionalismo se ha revelado como un gran negocio para
numerosos medios de comunicación, entidades cívicas y asociaciones
culturales generosamente subvencionadas por el gobierno de la
Generalitat. La línea que separa el negocio patriótico de la corrupción
es tan tenue a que a veces resulta difícil distinguirla." (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 30/06/20)
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