"(...)"Estamos en contra de la Ley Aragonés" ha apuntado, recalcando que "queremos que se paralice y se abra un debate para exigir que se blinden todos los servicios públicos esenciales para las personas". La activista ha advertido que el anteproyecto de ley pretende externalizar "más de doscientos servicios públicos" con la excusa de mejorar las cláusulas contractuales que puede hacer la administración.
"La Ley Aragonès pretende mejorar las cláusulas de los contratos que puede hacer la administración. No pone el precio como elemento fundamental y añade cláusulas que en principio mejorarían condiciones contractuales. Pero esta ley abre la puerta -con la excusa de mejorar las cláusulas de los contratos- a privatizar casi todos los servicios públicos que ahora están en gestión de la Generalitat" ha explicado la activista. "En la Ley hay un anexo con un listado de más de doscientos servicios que podrían ser externalizados" ha alertado.
La manifestante ha recordado que "fue el Govern de ERC con Aragonès quien dio la cara por este proyecto". (...)
La reivindicación de los pensionistas se produce mientras el Govern pretende sacar adelante la conocida como Ley Aragonés. La norma pretende establecer un marco jurídico que indique cómo se deben hacer las externalizaciones de servicios públicos. Esta ley ha suscitado muchas críticas al considerar que facilita la externalización de los servicios públicos y consideran que da vía libre a "una ola de privatización" de estos servicios públicos. (...)" (e-notícies, 16/12/19)
PAREMOS LA LEY ARAGONES/ATUREM LA LLEI ARAGONÈS
Los medios de comunicación mayoritarios no se están haciendo eco de la noticia, como no podía ser de otra manera, pero la realidad frente a la que nos encontramos en el momento presente es que todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya, con la excepción de la CUP y de Catalunya En Comú-Podem, están negociando en la Comisión de Economía y Hacienda la medida con la que se pretende arrasar las principales prestaciones en las que se basa el Estado del Bienestar. Se trata de la Llei de contractes de serveis a les persones, algo más conocida como “llei aragonés, y el objetivo perseguido no es otro que el de llevarla al Pleno del Parlament para aprobarla de forma inminente.
¿Cuál es el motivo por el que apenas hayamos oído hablar hasta la fecha de este asunto? Pues, precisamente, su extrema gravedad. Se pretende que no exista debate político y mediático, no solo en función de los intereses creados que giran alrededor de esta ley sino también ante unas más que probables elecciones autonómicas que obligarían a posicionarse a los partidos al respecto y la ciudadanía podría observar con más claridad el papel representado por cada uno de ellos en la tramitación de dicha norma.
Si no impedimos su tramitación, la “ley aragonés” se convertirá en la medida legal más reaccionaria y antisocial que habrá tenido lugar en Cataluña en toda su historia democrática, a la par que en el peor precedente posible para el resto de España.
El Govern de la Generalitat y ERC -responsable directa- justifican la norma a través de argumentos contrarios a lo que ésta pretende en realidad; quieren hacernos creer que su finalidad no es otra que la de garantizar el mejor proceder en la licitación de los servicios públicos que vayan a ser externalizados, así como la de velar para que no prime la oferta más baja a la hora de adjudicar una determinada prestación y que las empresas caracterizadas por firmar convenios menos lesivos para sus empleados sean recompensadas con una puntuación más alta.
Los hechos, sin embargo, son bien distintos. El catálogo de buenas intenciones no es capaz de enmascarar que la externalización de servicios es de facto una vergonzante privatización de los mismos. El verdadero objetivo consiste en establecer el procedimiento que permita abrir la veda de las privatizaciones masivas en Cataluña. Tanto es así, que a la parte más estrictamente técnica de la ley se le adjunta lo que no es otra cosa que un inventario en el que se enumeran más de 240 servicios que abarcan no solo sectores como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, sino también el servicio de ocupación, el deporte y los servicios a la comunidad.
No se trata, como describe la ley de manera hipócrita, de que el aspecto económico no sea el único a tener en cuenta a la hora de contratar una empresa para que nos brinde una determinada prestación, sino que los fundamentos del Estado del Bienestar y, en consecuencia, de la propia democracia, no son mercadeables y no podemos permitir que se ajusten, en modo alguno, a la ley de la oferta y la demanda, sino que son derechos universales e inalienables que pertenecen a la ciudadanía.
Externalizar una prestación social significa convertirla en un negocio particular en el que se va a priorizar la obtención del máximo beneficio mediante el mínimo coste y en el que los usuarios del servicio se convierten en clientes de una firma. Por mucho que la Administración prometa premiar a la empresa que demuestre buenas prácticas, las reglas del mercado seguirán prevaleciendo y ello se traducirá en la degradación paulatina de la atención prestada.
El deterioro de un servicio es una circunstancia que siempre va acompañada y está intrínsecamente relacionada con el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales que desempeñan su actividad en estos ámbitos.
Decir que se va a premiar a las empresas o entidades cuyos convenios sean más considerados con los trabajadores equivale a eludir la realidad de un sector privado donde la negociación colectiva se encuentra regularmente sumida en la parálisis y el colapso en el contexto de las sucesivas reformas laborales que seguimos padeciendo.
Estamos hablando de plantillas precarizadas y de recursos materiales e instalaciones cada vez más deficientes como resultado de la reducción de costos en aras de una mayor competitividad. Esto se traduce en horas de trabajo y, con frecuencia, salarios completos atrasados o directamente impagados; en jornadas laborales draconianas y cambiantes que imposibilitan la conciliación de la vida laboral con la profesional y la personal y familiar; en contrataciones por debajo de la categoría profesional; en equipos profesionales desestructurados, llevados al límite de sus capacidades y a los que suele culparse del caos propiciado por un modelo de funcionamiento del cual ellos son las primeras víctimas y denunciantes. Es por este último punto que se produce la persecución de la actividad sindical y el acoso y despido a todo empleado que reivindique sus derechos.
Sin embargo, lo más grave radica en el hecho de que este grado de explotación recae de forma brutal sobre las mujeres trabajadoras, puesto que son ámbitos especialmente feminizados y el sobretrabajo y las dificultades en la conciliación que ya son habituales en toda mujer se hacen patentes de manera todavía más dramática en estas profesionales.
El Ejecutivo catalán ha dado muestras de una gran cobardía por haber achacado esta ley a las prescripciones de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, así como a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque lo cierto es que la directiva europea deja en manos de las diferentes Administraciones públicas la posibilidad de escoger entre diferentes modelos de gestión y en absoluto obliga a optar por el que ha elegido el equipo de Pere Aragonès.
Por su parte, la ley española lo que hace es remitirse a la europea, sin que ni tan solo haga una recomendación en un sentido determinado. Es la nueva ley catalana la que prescribe un modelo abiertamente neoliberal, si bien sabemos más que de sobras que los partidos que gobiernan la Generalitat nunca son capaces de asumir sus propias decisiones cuando éstas son impopulares y utilizan la burda estrategia de ampararse en una supuesta obediencia debida a instancias superiores. Al fin y al cabo, la experiencia nos dice que ellos han sido y siguen siendo los primeros defensores y ejecutores de los programas de gobierno más salvajemente antisociales.
De hecho, otra de las artimañas de las que están haciendo gala el Govern y sus medios de propaganda afines parece consistir en insinuar la radicalidad e intransigencia de las voces críticas con esta norma. En este caso, la realidad vuelve a ponerles en evidencia una vez más si constatamos que nada menos que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en su reciente informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados (1) condena explícitamente el tipo de manejos en la relación entre el sector público y el sector privado que el gobierno del Principado quiere convertir en marco legal de carácter general para los años sucesivos.
Seamos claros: ¿quién es el radical aquí? No hay más radicales y antisistema que aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, aquellos que afirmando pretender garantizar la mejor gestión de los servicios públicos los venden a empresas, falsas cooperativas y tinglados varios en los que ha llegado a demostrarse la participación de cargos políticos. Son radicales, en definitiva, aquellos que han reventado el pacto social sobre el que se sustenta la democracia a través de incesantes e insaciables contrarreformas que están destruyendo el Estado Social y Democrático de Derecho.
No podemos esperar ni un minuto más; la situación exige una respuesta inmediata y abrumadora del conjunto de la ciudadanía. Nuestro presente y nuestro futuro nos exigen parar la “Ley Aragonès” y hacerlo cuanto antes." (Paremos la Ley Aragonés)
"La Ley Aragonès pretende mejorar las cláusulas de los contratos que puede hacer la administración. No pone el precio como elemento fundamental y añade cláusulas que en principio mejorarían condiciones contractuales. Pero esta ley abre la puerta -con la excusa de mejorar las cláusulas de los contratos- a privatizar casi todos los servicios públicos que ahora están en gestión de la Generalitat" ha explicado la activista. "En la Ley hay un anexo con un listado de más de doscientos servicios que podrían ser externalizados" ha alertado.
La manifestante ha recordado que "fue el Govern de ERC con Aragonès quien dio la cara por este proyecto". (...)
La reivindicación de los pensionistas se produce mientras el Govern pretende sacar adelante la conocida como Ley Aragonés. La norma pretende establecer un marco jurídico que indique cómo se deben hacer las externalizaciones de servicios públicos. Esta ley ha suscitado muchas críticas al considerar que facilita la externalización de los servicios públicos y consideran que da vía libre a "una ola de privatización" de estos servicios públicos. (...)" (e-notícies, 16/12/19)
"NO A LA LEY ARAGONES
PAREMOS LA LEY ARAGONES/ATUREM LA LLEI ARAGONÈS
Los medios de comunicación mayoritarios no se están haciendo eco de la noticia, como no podía ser de otra manera, pero la realidad frente a la que nos encontramos en el momento presente es que todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya, con la excepción de la CUP y de Catalunya En Comú-Podem, están negociando en la Comisión de Economía y Hacienda la medida con la que se pretende arrasar las principales prestaciones en las que se basa el Estado del Bienestar. Se trata de la Llei de contractes de serveis a les persones, algo más conocida como “llei aragonés, y el objetivo perseguido no es otro que el de llevarla al Pleno del Parlament para aprobarla de forma inminente.
¿Cuál es el motivo por el que apenas hayamos oído hablar hasta la fecha de este asunto? Pues, precisamente, su extrema gravedad. Se pretende que no exista debate político y mediático, no solo en función de los intereses creados que giran alrededor de esta ley sino también ante unas más que probables elecciones autonómicas que obligarían a posicionarse a los partidos al respecto y la ciudadanía podría observar con más claridad el papel representado por cada uno de ellos en la tramitación de dicha norma.
Si no impedimos su tramitación, la “ley aragonés” se convertirá en la medida legal más reaccionaria y antisocial que habrá tenido lugar en Cataluña en toda su historia democrática, a la par que en el peor precedente posible para el resto de España.
El Govern de la Generalitat y ERC -responsable directa- justifican la norma a través de argumentos contrarios a lo que ésta pretende en realidad; quieren hacernos creer que su finalidad no es otra que la de garantizar el mejor proceder en la licitación de los servicios públicos que vayan a ser externalizados, así como la de velar para que no prime la oferta más baja a la hora de adjudicar una determinada prestación y que las empresas caracterizadas por firmar convenios menos lesivos para sus empleados sean recompensadas con una puntuación más alta.
Los hechos, sin embargo, son bien distintos. El catálogo de buenas intenciones no es capaz de enmascarar que la externalización de servicios es de facto una vergonzante privatización de los mismos. El verdadero objetivo consiste en establecer el procedimiento que permita abrir la veda de las privatizaciones masivas en Cataluña. Tanto es así, que a la parte más estrictamente técnica de la ley se le adjunta lo que no es otra cosa que un inventario en el que se enumeran más de 240 servicios que abarcan no solo sectores como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, sino también el servicio de ocupación, el deporte y los servicios a la comunidad.
No se trata, como describe la ley de manera hipócrita, de que el aspecto económico no sea el único a tener en cuenta a la hora de contratar una empresa para que nos brinde una determinada prestación, sino que los fundamentos del Estado del Bienestar y, en consecuencia, de la propia democracia, no son mercadeables y no podemos permitir que se ajusten, en modo alguno, a la ley de la oferta y la demanda, sino que son derechos universales e inalienables que pertenecen a la ciudadanía.
Externalizar una prestación social significa convertirla en un negocio particular en el que se va a priorizar la obtención del máximo beneficio mediante el mínimo coste y en el que los usuarios del servicio se convierten en clientes de una firma. Por mucho que la Administración prometa premiar a la empresa que demuestre buenas prácticas, las reglas del mercado seguirán prevaleciendo y ello se traducirá en la degradación paulatina de la atención prestada.
El deterioro de un servicio es una circunstancia que siempre va acompañada y está intrínsecamente relacionada con el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales que desempeñan su actividad en estos ámbitos.
Decir que se va a premiar a las empresas o entidades cuyos convenios sean más considerados con los trabajadores equivale a eludir la realidad de un sector privado donde la negociación colectiva se encuentra regularmente sumida en la parálisis y el colapso en el contexto de las sucesivas reformas laborales que seguimos padeciendo.
Estamos hablando de plantillas precarizadas y de recursos materiales e instalaciones cada vez más deficientes como resultado de la reducción de costos en aras de una mayor competitividad. Esto se traduce en horas de trabajo y, con frecuencia, salarios completos atrasados o directamente impagados; en jornadas laborales draconianas y cambiantes que imposibilitan la conciliación de la vida laboral con la profesional y la personal y familiar; en contrataciones por debajo de la categoría profesional; en equipos profesionales desestructurados, llevados al límite de sus capacidades y a los que suele culparse del caos propiciado por un modelo de funcionamiento del cual ellos son las primeras víctimas y denunciantes. Es por este último punto que se produce la persecución de la actividad sindical y el acoso y despido a todo empleado que reivindique sus derechos.
Sin embargo, lo más grave radica en el hecho de que este grado de explotación recae de forma brutal sobre las mujeres trabajadoras, puesto que son ámbitos especialmente feminizados y el sobretrabajo y las dificultades en la conciliación que ya son habituales en toda mujer se hacen patentes de manera todavía más dramática en estas profesionales.
El Ejecutivo catalán ha dado muestras de una gran cobardía por haber achacado esta ley a las prescripciones de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, así como a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque lo cierto es que la directiva europea deja en manos de las diferentes Administraciones públicas la posibilidad de escoger entre diferentes modelos de gestión y en absoluto obliga a optar por el que ha elegido el equipo de Pere Aragonès.
Por su parte, la ley española lo que hace es remitirse a la europea, sin que ni tan solo haga una recomendación en un sentido determinado. Es la nueva ley catalana la que prescribe un modelo abiertamente neoliberal, si bien sabemos más que de sobras que los partidos que gobiernan la Generalitat nunca son capaces de asumir sus propias decisiones cuando éstas son impopulares y utilizan la burda estrategia de ampararse en una supuesta obediencia debida a instancias superiores. Al fin y al cabo, la experiencia nos dice que ellos han sido y siguen siendo los primeros defensores y ejecutores de los programas de gobierno más salvajemente antisociales.
De hecho, otra de las artimañas de las que están haciendo gala el Govern y sus medios de propaganda afines parece consistir en insinuar la radicalidad e intransigencia de las voces críticas con esta norma. En este caso, la realidad vuelve a ponerles en evidencia una vez más si constatamos que nada menos que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en su reciente informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados (1) condena explícitamente el tipo de manejos en la relación entre el sector público y el sector privado que el gobierno del Principado quiere convertir en marco legal de carácter general para los años sucesivos.
Seamos claros: ¿quién es el radical aquí? No hay más radicales y antisistema que aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, aquellos que afirmando pretender garantizar la mejor gestión de los servicios públicos los venden a empresas, falsas cooperativas y tinglados varios en los que ha llegado a demostrarse la participación de cargos políticos. Son radicales, en definitiva, aquellos que han reventado el pacto social sobre el que se sustenta la democracia a través de incesantes e insaciables contrarreformas que están destruyendo el Estado Social y Democrático de Derecho.
No podemos esperar ni un minuto más; la situación exige una respuesta inmediata y abrumadora del conjunto de la ciudadanía. Nuestro presente y nuestro futuro nos exigen parar la “Ley Aragonès” y hacerlo cuanto antes." (Paremos la Ley Aragonés)
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