"Un informe de la Guardia Civil entregado en el
Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sitúa al ex magistrado y
presidente del Consejo Asesor de Transición Nacional Carles Viver Pi
Sunyer en el epicentro de creación de un futuro Estado catalán como
"ideólogo e incluso promotor del proceso de secesión a los
representantes políticos" quienes debían implementar las "normas
jurídicas" en las que trabajaba.
A partir de la documentación que se le
incautó, los agentes creen que Viver Pi Sunyer, que fue exculpado por la
juez en su ato de procesamiento, presentó varias propuestas para actuar
una vez declarada la independencia como tener preparado un personal con
el que contaría el nuevo estado.
Según el informe entregado al juzgado, Viver Pi
Sunyer determinó que los funcionarios españoles en territorio catalán
tras la independencia se les repatriase y no pudieran acceder a la
nacionalidad catalana. Para los que se quedasen pretendía exigir "una
serie de niveles y pruebas lingüísticas" y la contratación de altos
cargos se podría "camuflar a través de cargos de confianza y fórmulas de
derechos privado a través de fundaciones o sociedades" sin "publicidad
ni formalización previa a la desconexión". Además contemplaba la
"externalización" de servicios de la administración como recaudación de
tributos o control aéreo.
También para la contratación de determinadas obras y
servicios se planteaban alternativas si se debía camuflar antes de la
secesión como "una doble contratación público y privada para ciertos
temas polémicos, fraccionamiento de la contratación, promesa de
contrato" o "bajo promesa de ser legalizado en el futuro en base al
nuevo ordenamiento".
El informe detalla que Viver Pi Sunyer y sus
colaboradores para incentivar a los inversores propusieron negociar
"grandes infraestructuras" con estas empresas y para desincentivarlos
"recordarles que se podría legislar ex novo sobre expropiación forzada o
presionar a las empresas y grandes fortunas de las consecuencias de
tener al nuevo estado en contra".
Por eso la Guardia Civil concluye que estas
propuestas alentarían "a la violación del ordenamiento jurídico, a
instaurar prácticas que vulnerarían los más elementales fundamentos de
contratación pública y los principios constitucionales de mérito,
capacidad e igualdad en el acceso a la función pública. es decir,
pudiera estarse institucionalizando prácticas de corrupción en la
administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes
en posiciones de poder en el momento de la secesión".
Entre la documentación intervenida a Viver i Pi
Sunyer en el registro de su casa y su despacho, el 20 de septiembre de
2017, la Guardia Civil halló un informe en que se defendía que ningún
catalán de origen español residente en Cataluña con anterioridad a la
independencia tendría que superar examen alguno o someterse a ningún
tipo de juramento de fidelidad. Este documento, titulado "La atribución
de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña", es un archivo de
agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios y la
Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo
Asesor para la Transición Nacional (CATN) que presidía Viver i Pi
Sunyer.
A partir del contenido de este informe, la Guardia
Civil concluye que el arquitecto jurídico del procés "contemplaba" que
los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen
catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la
administración serían repatriados a España y no se les permitiría
acceder a la nacionalidad catalana. El informe también apuntaba que
mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los
catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el
tratado de Schengen a través de la nacionalidad española.
El informe también advierte a la juez de que Viver i
Pi Sunyer disponía de un informe de la plataforma Secretarios,
Interventores y Tesoreros por la independencia en que se planteaba
suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la
Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y
tribunales, por lo menos en relación con el referéndum." (Germán González, El Mundo, 09/07/19)
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