"(...) --El independentismo insiste
en que ha impulsado un movimiento democrático. ¿Se puede establecer que
entra de lleno en un catálogo de demandas democráticas? ¿Rechazar el
referéndum de autodeterminación, es democrático o es una imposición del
Estado español?
--El procés tuvo el doble acierto de presentarse como progresista y colocar el “derecho a decidir” como lema potente
y propio de las democracias más desarrolladas, pero es obvio también
que lo que postula el soberanismo se aleja de las mejores prácticas de
las democracias liberales por su falta de respeto hacia elementos
básicos del Estado de Derecho o por sus expresiones de populismo
decisionista y hasta reaccionario que emparentaría con el Brexit y otros
nacionalismos subestatales egoístas, como el flamenco y el padano.
En
cuanto al referéndum, el independentismo defiende que es la solución
óptima aunque entre los aproximadamente 100 casos de poliarquías
liberales que existen en el mundo solo hay uno que admite tal
posibilidad (un minúsculo país caribeño de dos islas, San Cristóbal y
Nieves, donde se exigen dos tercios de los votantes de una isla para
poderse separar) y luego dos más donde no existe regulación pero aceptan
la posibilidad de hacerlos: Reino Unido y Canadá.
La comparación internacional lleva a concluir que impedir un referéndum
de secesión resulta tan democrático o más que permitirlo. El caso de Escocia en 2014, que fue el mayor regalo internacional
que ha recibido el independentismo catalán en estos años, se basó en
circunstancias excepcionales: una monarquía británica compuesta, una
Constitución flexible, la ausencia de conflicto identitario (muy
diferente al caso norirlandés) y la ilusa pretensión del nefasto primer
ministro David Cameron de zanjar así
las demandas escocesas de más competencias.
El caso es que las
instituciones españolas tienen sus legítimas razones para negar una
votación que pregunte por la secesión. Desde el punto de vista del
conjunto de España esas razones entroncan con el deseo muy mayoritario
de no ver cuestionada la unidad, ya sea porque se cree que la
autodefinición de un Estado como indivisible le concede mayor fortaleza
constitucional, ya sea porque admitir los referendos abre la puerta a
una competición territorial desestabilizadora por un uso táctico del
instrumento para ganar ventajas de poder.
Desde el punto de vista de la
realidad catalana, las tensiones sobre identidades nacionales y
lingüísticas aconsejan evitar una votación que podría convertiste en un
conteo agónico y sectario. Como pasa en tantos otros contextos europeos
donde existe también ese tipo de divisiones (Bélgica, Chipre, Tirol del
Sur, Irlanda del Norte), el referéndum realmente democrático es el que
pregunta por nuevos acuerdos de convivencia.
--Una de las cuestiones que
ha trabajo con intensidad el independentismo es la proyección
internacional. ¿Ha ganado la batalla a los gobiernos españoles? ¿Debemos
distinguir entre gobiernos y jefes de Estado, y opiniones públicas y
medios de comunicación, que sí han arropado al independentismo?
--Ya he dicho antes
que toda la UE, y la comunidad internacional en su conjunto, se puso en
otoño de 2017 del lado de la integridad territorial española. Pero, en
efecto, el independentismo ha obtenido varios premios de consolación en
el exterior, beneficiándose de algunos errores, sobre todo de omisión,
cometidos por el Estado.
Ha conseguido recabar simpatías en ambientes
académicos y políticos ideológicamente cercanos a otros nacionalismos
periféricos, a la izquierda crítica o a la derecha populista, e incluso
en ciertos sectores minoritarios del pensamiento y los partidos
principales.
La mayor parte de estos apoyos no implican sumarse al
objetivo de la independencia, mucho menos si se trata de alcanzarla de
forma unilateral, pero sí se han producido condenas a cómo los poderes
públicos españoles han gestionado la crisis.
Las autoridades regionales
de Quebec, Escocia y Flandes, el primer ministro belga, el presidente de Eslovenia, la ministra alemana de justicia e incluso el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk
han deslizado en algún momento comentarios críticos con la actuación
del Estado y son de sobre conocidos los varapalos judiciales que han
impedido la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos huidos a los que el Tribunal Supremo imputa un discutido delito de rebelión.
--¿A qué se puede atribuir que el mundo anglosajón haya prestado más atención y comprensión al independentismo?
--No tengo tan claro
que eso sea así. No, al menos, a partir de octubre de 2017 cuando el
asuntó empezó a interesar de verdad a la opinión pública internacional y
los análisis fueron más profundos.
Lo que sí es cierto es que las
democracias anglosajonas tienen una tendencia hacia la regla de la
mayoría (los referendos de Escocia o Quebec
son exponentes) mientras que en el mundo continental hay más tradición
de respeto a los marcos constitucionales que solo se pueden cambiar por
amplios consensos. Por otro lado, los españoles se fijan mucho más en la
prensa estadounidense o británica que en la francesa, alemana o
italiana.
--El independentismo ¿ha
abierto una discusión internacional sobre el derecho a la secesión? ¿Se
puede incorporar en una democracia liberal?
--Los desarrollos
más interesantes de la crisis catalana se producirán en el futuro
inmediato en el terreno del pensamiento y el poder de convicción que
puedan tener los razonamientos sobre la legitimidad o no de la
independencia en las democracias contemporáneas.
No existe una teoría
universalmente aceptada sobre las secesiones:
la casuística comparada disponible ofrece ejemplos y contraejemplos que
las partes tendrán que saber usar para convencer.
Lo que sí es cierto
es que Cataluña es hoy el principal referente mundial de los territorios
que aspiran a convertirse en nuevos Estados y el desenlace de su
apuesta soberanista puede marcar un precedente en tres sentidos muy
distintos: o bien precipitar una especie de ola global de intentos de
ruptura, o bien desincentivarlos en caso de fracaso total, o bien (si se
alcanza un nuevo arreglo de acomodación entre Cataluña y el resto de
España, que es lo deseable) servir como modelo para otros procesos de
descentralización territorial y encaje de la pluralidad.
Yo no creo que
sea bueno que el derecho a la secesión se regule en una democracia
liberal. Hay ejemplos de países que sin reconocer ese derecho, al menos,
no niegan la posibilidad (como Reino Unido o Canadá) aunque hay otros
como EEUU (con la idea de la unión perpetua) o Alemania (y su cláusula
de eternidad) que son más rotundos que España a la hora de rechazar el
independentismo.
Yo personalmente no creo que la secesión sea algo
siempre inaceptable pero, eso sí, solo como solución final que no se
entienda como un derecho.
En el caso de que políticamente se concluya
que es la vía que recorrer, eso no eximiría de respetar escrupulosamente
los procedimientos existentes de reforma constitucional.
La secesión altera profundamente el pacto original y por eso debe
tramitarse de acuerdo a las reglas sobre las que se asienta el régimen
democrático.
Es decir, solo podría haber independencia cuando una
mayoría cualificada de españoles se haya convencido de que esa es la
opción mejor, o menos mala, de resolver el conflicto territorial.
--¿Debería España ofrecer
algún canal para que el independentismo sepa a qué atenerse en el
futuro, por ejemplo a partir de qué porcentaje de apoyo se podría
iniciar una negociación con el Gobierno del Estado? Si un estado
democrático no puede aceptar ese derecho a la secesión, ¿qué respuesta
debe tener la mitad de una sociedad que pida la independencia?
--Yo creo que un Estado no puede llevar el cártel de frágil y por eso insisto en que no debe estar regulada la secesión,
pero también creo que no es absurdo pensar en alguna forma de articular
la independencia si una mayoría clara y sólida de los catalanes la
desea.
En ese caso, habría que exigir que esa mayoría no lo fuese en
clave identitaria y, por tanto, con los criterios más exigentes que se
exigen en las sociedades plurales, donde la democracia solo puede ser
“consociacional” y no basta la mitad más uno de los votos, sobre todo en
cuestiones de alcance constitucional.
Pero si un porcentaje
cualificadísimo de la población catalana (a definir política y no
juridicamente) votase de manera sostenida en el tiempo por opciones
secesionistas y si eso supusiera que la Cataluña castellanoparlante
también apoya la ruptura, el resto de España debería tomar nota y
propiciar los cambios constitucionales que dieran cauce a tal
pretensión.
España no puede ser una jaula.
Dicho eso, esa mayoría tan amplia ni está ni se la espera, por lo que
volvemos a la única solución posible: la búsqueda de amplios consensos
que posiblemente incluyan una mejora del autogobierno que pueda ser aceptada por una mayoría de al menos dos tercios de los catalanes y una mayoría absoluta del conjunto de los españoles.
--¿Hay verdades en el
movimiento independentista? ¿Los gobiernos autonómicos, y el catalán en
concreto, han tenido limitaciones reales para ejercer un verdadero
autogobierno? ¿El problema es que los gobiernos centrales no se han
tomado nunca en serio ese autogobierno autonómico?
--Hay verdades en quienes se quejan de que el Estado ha recentralizado en los años de la crisis
o que no es todo lo plural que debería ni asume con todas sus
consecuencias la realidad compleja de España. Pero en absoluto esas
quejas, que son típicas de un Estado compuesto en lo competencial y lo
identitario, justifican un independentismo remedial.
Además, también
desde el centro puede haber quejas por cómo se han comportado los
gobiernos territoriales (y en especial los de signo nacionalista
periférico) en estos años.
--Si se llega a un nuevo
acuerdo, que se pueda votar por todos, como una reforma constitucional,
¿el independentismo debería entender y aceptar que no todo pasa por más
competencias y sí por respetar la pluralidad interna en Cataluña, a
cambio de un reconocimiento mayor en el resto de España?
--El independentismo
tiene tres posibilidades ante sí.
La primera es volver a chocar con la
frustración de la vía unilateral.
La segunda, renunciar a los atajos e
intentar ensanchar su base social, aunque el umbral necesario para
convencer a España estaría situado en mayorías bastante más exigentes y
duraderas que el 50%.
La tercera posibilidad es asumir la compleja,
plural y tozuda realidad sociopolítica de Cataluña, no engañarse sobre
la fortaleza o las credenciales democráticas del Estado y optar por vías
alternativas en las que se negocie una mejora del autogobierno.
Unas
mejoras que, a mi juicio, en efecto, no habría que enfocar a ampliar las
competencias ejercidas por el Parlament (que en el caso catalán ya son
muy amplias) sino más bien a mejorar el reparto del poder con las minorías “nacionales” tanto en el Estado como en la propia Generalitat."
(Entrevista a Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, Manel Manchón, Crónica Popular, 06/01/19)
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