"(...) A mayor poder, más corrupción. Cabría deducirse, por tanto, que nada
nuevo bajo el sol. Pero pienso que no es así. La corrupción en Cataluña
muestra connotaciones especiales, ha tenido un carácter sistémico, en el
sentido de que ha producido una cierta complicidad generalizada; han
sido muchos dentro y fuera de la Comunidad Autónoma los que han
consentido en cubrir con una capa de silencio la corrupción. Lo que no
se ha dado en otras instituciones o territorios.
Desde el exterior, los dos partidos mayoritarios han guardado un
completo mutismo sobre lo que ocurría en Cataluña. Necesitados a menudo
de los votos de Convergencia, han cerrado los ojos ante los posibles
cohechos y sobornos que pudieran estar cometiéndose en la Generalitat y
demás instituciones de la Comunidad Autónoma.
En el interior, desde el 30 de mayo de 1984, fecha en la que Jordi
Pujol sale al balcón del Palau en la plaza de Sant Jaume para
identificar su imputación en el caso del Banco de Cataluña con un ataque
al pueblo y a la nación catalana, se ha empleado la misma estrategia
para ocultar cualquier indicio o sospecha de posibles fraudes. Todo está
permitido bajo la señera, y no digamos bajo la estelada. Cualquier
denuncia o crítica se interpreta como una agresión a Cataluña.
Desde el principio se ha producido una especie de proceso simbiótico.
El nacionalismo ha servido de tapadera a la corrupción y la corrupción
ha sido un instrumento (además de para el enriquecimiento de algunos o
de muchos) para lo que Pujol llamaba “hacer país”, es decir, para
intensificar e incrementar el sentimiento nacionalista y la tendencia
centrífuga frente a España.
Desde la llegada a la Generalitat de Jordi
Pujol se ha ido creando un sindicato de intereses alrededor del
nacionalismo, un tejido social compuesto de miedos, amenazas,
rentabilidades, beneficios, recelos o comodidades, en el que han
germinado la disculpa, la justificación, la coartada e incluso la
participación en múltiples atropellos.
Las empresas, los medios de
comunicación (también los privados), la mayoría de los partidos
políticos, incluso los sindicatos, han participado en un entramado de
complicidades -o al menos de mutismo.
El asunto del 3% era de conocimiento general en Cataluña; pero ni
esto ni todo lo que se fue conociendo acerca de los manejos y fortuna de
la familia Pujol fue óbice para que Convergencia obtuviese en todo
momento el apoyo de partidos que se titulaban de izquierdas, como
Esquerra republicana o la CUP.
El procés ocultaba todo y excusaba todo.
Incluso Podemos, cuyos dirigentes se muestran tan rigurosos con el PP en
materia de corrupción, no han tenido ningún escrúpulo en situarse al
lado de Convergencia y prestar su colaboración al secesionismo cuando lo
ha necesitado.
Parece bastante innegable que detrás del abrazo de la causa
independentista por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se
encuentra el progresivo afloramiento de los casos de corrupción que,
junto con el intento de eludir las consecuencias políticas de la
aplicación de las medidas restrictivas provenientes de la crisis
económica, convencieron a los responsables de esta formación política de
la necesidad de acentuar su fanatismo y girar hacia posiciones
secesionistas, donde fueron bien recibidos sin hacer preguntas por los
partidos defensores de esta ideología. (...)
Los líderes y militantes del PDC se sacuden el problema de encima con
el mayor descaro, amparados en que ahora no se presentan bajo la
denominación de CDC. Como si el simple cambio de nombre pudiese
modificar la historia del partido y como si los actuales miembros no
fuesen los usufructuarios de los beneficios obtenidos en el pasado por
la corrupción. (...)
El mismo Puidegmont en Bruselas ha dado la callada por respuesta, y
ha mirado hacia otro lado. Postura distinta a la adoptada en 2010 cuando
en su blog personal acusaba al PSC de querer destruir a Convergencia
con la comisión de investigación creada en el Parlament acerca del caso
Palau.
La postura adoptada tanto por Esquerra Republicana como por la CUP se
adentra en la hipocresía más absoluta. Mientras que Sergi Sabrià, en
nombre de ERC, proclama que “quien tenga que asumir responsabilidades
que las asuma” y advierte que Esquerra lo que no hará “es mirar hacia el
otro lado” en asuntos de corrupción, esta formación mantiene el
contubernio con el PDC e incluso su disposición a elegir como presidente
de la Generalitat a Puigdemont. Algo parecido ocurre con la CUP.
Al
tiempo que publica una foto invertida, imagen boca abajo, de Jordi
Pujol, y acusa a lo que llama “régimen” de financiarse ilegalmente,
predicando la corrupción incluso del PDC, no abandona su complot con
esta formación política y está dispuesta a votar como presidente a
Puigdemont con la única condición de que se mantenga fiel a la
república.
Con todo, es Rufián, como siempre, el que bate todos los records a la
hora de expresarse con desfachatez y desvergüenza. Muy propio de un
charnego transformado en perseguidor de charnegos. Con todo el descaro,
desvincula la corrupción del caso Palau del independentismo, para
ligarla a Aznar y a la FAES.
Aznar ya tiene bastante con lo suyo, pero
se necesita tener rostro para desentenderse de la corrupción en
Cataluña, cuando ER lleva muchos años lucrándose, en un proyecto común,
con la cometida por Convergencia. El argumento de Rufián de que ER es un
partido con 87 años de historia impoluta tiene muy poco recorrido, la
honradez no se hereda de padres a hijos.
El PSOE también utilizó en los
inicios de la democracia el eslogan de “cien años de honradez” (el PC
con cierta ironía añadía “y cuarenta de vacaciones”), lo que no fue
óbice para todos los casos de corrupción acaecidos a finales de los
ochenta y principios de los noventa. (...)
Rufián, en el colmo de la desvergüenza, ha tuiteado que “en España
sale más barato robar que votar”, comparando la sentencia del caso Palau
con los que se encuentran ahora en prisión como consecuencia del
procés.
Discurso como siempre tramposo, porque Junqueras y el resto de
imputados no se encuentran encarcelados por votar -la prueba es que hace
unos días pudieron hacerlo desde la cárcel sin problema alguno-, sino
por robar. Por pretender hurtar a más de la mitad de catalanes su
nacionalidad española, su libertad y su democracia (porque no hay
libertad y democracia fuera de la ley), y a la totalidad de los
españoles su soberanía.
Boadella en esa parodia (menor que la que quiere montar Puigdemont)
de su toma de posesión como presidente de Tabarnia afirmó que los
tabernienses quieren continuar siendo copropietarios del Museo del
Prado, de la Alhambra y de la Basílica del Pilar. Tiene razón, al igual
que 46 millones de españoles queremos continuar siendo copropietarios de
la Sagrada Familia, de la Costa Brava y del Museo Dalí. Despojarnos de
este derecho es robar. Es una forma, y no de las menos importantes, de
corrupción.
Pero incluso entendiendo el robo en un sentido más estricto, es
plenamente aplicable a los involucrados en el procés. Se ha producido
una clara malversación de fondos públicos. Se ha extendido la teoría, y
no solo en Cataluña, de que la corrupción va unida exclusivamente al
enriquecimiento propio. Resulta frecuente escuchar en tono de disculpa:
“Sí, pero él no se ha llevado un euro”.
En primer lugar, hay muchas
maneras de conseguir el enriquecimiento propio; los favores o los
recursos que se canalizan en el presente hacia un tercero, a menudo se
espera que retornen más tarde en forma de beneficios o prebendas hacia
uno mismo. No debería haber diferencia entre desviar recursos públicos
al margen de la ley y fuera de los objetivos generales al propio
bolsillo, a los amigos, al partido o a una finalidad partidista.
Nadie duda hoy de que el desvío de fondos públicos a la financiación
de un partido constituya un caso de corrupción. Lo mismo cabe afirmar
cuando se trata de costear las campañas electorales. De igual modo,
tendrían que considerarse todas las operaciones publicitarias
acometidas, sea cual sea la administración, con la única finalidad de
cantar las alabanzas y el buen hacer del gobierno de turno.
Existen ya
bastantes casos en los que los jueces han comenzado a imputar a
políticos por haber contratado con dinero público servicios
publicitarios encaminados exclusivamente a mejorar su imagen. Corrupción
es y bastante importante la creación de toda una red clientelar
utilizando fondos presupuestarios de manera artera, tal como ha ocurrido
en Andalucía.
¿Y qué decir entonces de todos los caudales públicos empleados de
forma directa o indirecta en el procés, que se han destinado además no a
una finalidad simplemente partidaria o ilegal, sino delictiva?
En honor
de la verdad, la corrupción en Cataluña hunde sus raíces hasta casi el
mismo origen de la Comunidad Autónoma; con la llegada a la Generalitat
de Jordi Pujol va haciéndose sistémica, ya que son muchos los recursos
que se desvían de forma sectaria del interés general a una finalidad
arbitraria, parcial y tendenciosa, a la que denominan “hacer país”, que
sirve de antesala y catapulta al llamado procés, en el que la finalidad
se convierte ya en claramente delictiva. (...)" (Juan Francisco Martín Seco, Rrepública.com, 25/01/18)
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