"(...) Aquí no se engaña a nadie y siempre se explican las cosas como son.
Por ejemplo: en su momento, cuando llegue “la desconexión”, no habrá
ningún tipo de vacío legal y los ciudadanos no se verán obligados a
elegir entre legalidades. Sencillamente, la española será sustituida por
la nueva legalidad catalana que emergerá de la futura “ley de
transitoriedad jurídica”.
Se pasará, en nuevo feliz hallazgo de los
creativos del procés, inspirados ahora por un episodio de la Transición, “de la ley a la ley”.
No haría falta demasiado esfuerzo para desmontar la falacia que se esconde detrás de ese argumento, y no lo voy a hacer. (...)
Ese angelical paso “de la ley a la ley” es otro ejemplo de los mundos de
Yupi que los líderes independentistas venden sistemáticamente a su
clientela, y que se resumen en que esto de la independencia está a la
vuelta de la esquina, no hay quien lo pare, será indoloro y nos costará
menos que hacer una tortilla (aunque algunos avisan de que para ello
hará falta romper algunos huevos).
Que las cosas no serán tan sencillas
lo puso de relieve el último enfrentamiento intraindependentista,
provocado por la actuación de los mossos al identificar y luego detener a diversos incineradores de constituciones y fotos soberanas.
La CUP se preguntó de inmediato si con estos mossos se podrá hacer un referéndum que el Constitucional no tardará ni un minuto en declarar ilegal. El conseller Jordi Jané contestó que los mossos
siempre estarán del lado de la ley y de Cataluña, lo que no es que
aclarase gran cosa.
Cabría pensar que no habrá problema alguno: como
iremos “de la ley a la ley”, los mossos actuarán bajo la nueva
legislación catalana y el referéndum se celebrará sin mayores
contratiempos. Pues no, señoras y señores: como ha señalado un lúcido
opinador independentista [Mossos i referéndum, NacióDigital, 14/12/2016], en cuanto el Tribunal Constitucional suspenda la ley de transitoriedad jurídica, los mossos tendrán que “escoger entre la legalidad española y la catalana”.
¿Hace falta añadir que lo mismo ocurrirá con jueces, fiscales,
inspectores de hacienda y todos los demás funcionarios? Y no solo ellos:
también con los alcaldes y secretarios de ayuntamiento, rectores de
universidades, directores de hospitales públicos, gestores de grandes
infraestructuras…, y con los responsables de empresas e instituciones,
que tendrán que decidir a quién desobedecen cuando toque ingresar las
retenciones del IRPF de sus trabajadores (en la hacienda española o en
la catalana), con las consecuencias que de ello, inevitablemente, se
derivarán.
Estos ya no son los mundos de Yupi, sino la cruda realidad
que se nos viene encima y que quienes manejan la barca intentarán
ocultar al pasaje durante todo el tiempo que les sea posible.
Algunos independentistas son más claros y eso les honra. Así, un
combativo articulista del, digamos, sector resolutivo sostiene que hay
que tomar medidas ya, conformando una policía fiable para el choque que
se avecina.
Hay, afirma, que “desactivar grupos de agentes y mandos que
actúan con criterios que no tienen nada que ver con el mandato
democrático del 27 de septiembre” [Aquest és l’origen dels problemes dels independentistes, Vilaweb, 14/12/2016] ¿Depuración política de funcionarios? No, hombre, no: la revuelta de las sonrisas, segunda parte." (Francisco Valente Valero, profesor de Historia Contemporánea en la UAB, El País, 08/01/17)
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