"¿Se pueden ‘crear’ pruebas? ¿Es posible montar un grandioso proceso
contra alguien y darle credibilidad? Algo de eso puede haber. La operación Mercurio,
el único gran escándalo que investigaron los Mossos d’Esquadra en toda
su historia, tiene los pies de barro.
Es más, cada día que pasa aparecen
indicios sobre la supuesta investigación que no hacen más que arrojar dudas sobre la verosimilitud de algunos de los hechos que narra.
Para
los poco duchos en el tema, la operación Mercurio era, en principio, el
gran sumario sobre corrupción cuyo más destacado protagonista habría de
ser el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos. Pero, para empezar,
el nombre de Bustos ni siquiera aparece en la pieza principal.
En ella
aparecen, en cambio, un exconcejal del PP, Jordi Soriano, varios empresarios y tres ediles más. Incluso se hizo público el nombre del empresario Melquíades Garrido,
tío del alcalde, como uno de los detenidos, lo que a la postre se
demostró que era mentira.
Pero el sumario se troceó luego en algo más de
30 piezas, de las que el exalcalde Manuel Bustos aparece en una docena
con acusaciones peregrinas y, a veces, estrambóticas. De hecho, solo en
un par de ellas podría haber, a primera vista, alguna prueba indiciaria
de delitos o irregularidades.
En aquel momento, Bustos era uno de los hombres fuertes del PSC, la persona de confianza del líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba en Cataluña, y su nombre sonaba incluso para ser el líder máximo de los socialistas en esta comunidad.
El nombre de Convergència, sin embargo, estaba casi a diario en los periódicos a causa de diversas investigaciones judiciales, como el caso Palau, el caso Adigsa, el caso Treball, el caso ITV —que salpicaba a Oriol Pujol Ferrusola— o
el caso Crespo, todos ellos escándalos relacionados con la corrupción.
La irrupción de un escándalo con políticos ajenos a CiU, pues, le venía de perlas al partido que lideraba Artur Mas para desviar la atención mediática.
Así pues, un tiempo más tarde, afloran algunos documentos que habían permanecido en el cajón: según una grabación
(realizada al parecer mediante un teléfono) de mediados de 2009, en
mayo de aquel año hubo varios encuentros de dirigentes políticos en
Sabadell. Uno de ellos de celebró con motivo de la celebración del 450
aniversario del Gremio de Fabricantes.
El 20 de mayo, en torno a una
mesa, se reunieron el entonces senador de CiU Jordi Casas, su hermano y presidente del gremio, Josep Casas, el secretario del gremio, Jordi Font (actual asesor del grupo parlamentario de Junts Pel Sí), y Joan Carles Grau,
vicepresidente del gremio. En ese encuentro participó también un
conocido empresario, “que en algún momento también intervino en la
conversación”.
Un método para echarlo
En la reunión, según
la grabación realizada por un testigo, Jordi Casas “centró la
conversación en la figura del alcalde de Sabadell”, que había sido su
rival en dos elecciones. Bustos siempre había ganado de calle las
municipales en la ciudad.
“Constatado que la voluntad ciudadana no era
un cambio en la alcaldía, destacó que había que buscar un método distinto para echarlo, y propuso a los miembros de la mesa incriminarlo mediante un juez amigo suyo en cualquier presunta trama de corrupción
que, aunque acabara siendo desestimada, el solo hecho de que este juez
la admitiera a trámite, ya supondría un desgaste personal y político que
le haría perder cualquier posibilidad de salir reelegido por cuarta vez
como alcalde de la ciudad”, dice un documento elaborado a partir de la
grabación.
El relato de los hechos continúa detallando que Casas
“ya había hablado con este juez, que era muy conocido, que había estado
una temporada en el extranjero y que era muy amigo de Polanco, lo
cual facilitaría más las cosas para darle publicidad al tema”.
Una de
las líneas de la acusación podría enfocarse, subrayaba, “por el cobro de comisiones”. Esa fue la línea de investigación (fallida) de los Mossos para poner sobre la mesa el que supuestamente habría de ser un monumental escándalo de corrupción de alguien que no pertenecía a Convergència.
La conversación fue revelada por una persona de las presentes a Montse Costa
—compañera de Manuel Bustos—, que la remitió por burofax a un despacho
de abogados de Barcelona para que quedara constancia. “Consulté con
varios juristas sobre la mejor manera de proceder y se me recomendó hacer esta declaración notarial como prevención,
por si realmente el señor Jordi Casas llevaba a cabo sus amenazas”,
termina señalando el documento al que ha tenido acceso El Confidencial.
(...) el propio alcalde hizo averiguaciones e intentos de aproximación a
algunas de las personas presentes. Incluso llegó a comentar el tema con
el líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, con el entonces secretario de Organización de Convergència, Lluís Corominas, y con el que fuera presidente de la Generalitat, el socialista Josep Montilla, que restó importancia al tema." (El Confidencial, 21/09/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario