"(...) Hoy la portada de El Mundo vuelve a caer tristemente en la trampa. El ministerio de Hacienda ha establecido una
serie de controles -nada del otro mundo- para garantizar que los
dineros que se entreguen a la Generalitat vía FLA se destinen a las
cosas importantes como la Sanidad, Educación, etc. Si algún funcionario percibe que eso no ocurre, podrá denunciar anónimamente la ilegalidad.
Para los de El Mundo, eso es “delatar”. Ya saben: los delatores son chivatos y cobardes que cometen una vileza al traicionar la confianza de alguien, son acusicas, soplones, judas o traidores. Malos malísimos.
Y así por arte de vocabulario los de El Mundo convierten en vicio la virtud, en algo deleznable un deber profesional, responsable y honroso." (Dolça Catalunya, 24/11/15)
"El canal con el Estado será accesible a todo empleado público en Cataluña y a proveedores o «terceros» en general.
Se trata de un sistema electrónico de nueva creación para evitar que el dinero público pueda ser empleado en actividades contrarias a la ley.
Así lo especifica la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en un apartado de su
página web destinado a la Delegación del Gobierno en Cataluña y que
desarrolla la orden ministerial publicada el pasado sábado en el Boletín
Oficial del Estado.
La medida se deriva de los controles especiales que aprobó la semana
pasada la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos como
condición para entregar a Cataluña otros 3.035 millones del Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA).
Según el comunicado de la Secretaría de
Estado, «a través del sistema electrónico, las autoridades y empleados
públicos podrán formular consultas o informar sobre las posibles dudas
de nulidad o anulabilidad que, de conformidad con lo previsto en las
leyes, surjan en relación con determinados actos administrativos.
La
posibilidad de informar sobre posibles dudas de nulidad o anulabilidad
también estará a disposición de terceros que pudieran estar afectados
por la posible invalidez de las actuaciones».
«Con este fin, se pone en marcha un sistema electrónico, a través de
la dirección electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas», señala. Enmarca esta singular medida en este objetivo:
«La Administración General del Estado prestará el amparo necesario a
las autoridades y empleados públicos que prestan servicios en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para que puedan llevar a efecto las
medidas derivadas de este acuerdo, así como cumplir con el resto de
disposiciones reguladoras de este mecanismo de financiación y que
afecten directa o indirectamente a las competencias y funciones que
tengan encomendadas o que se correspondan con su cargo o puesto de
trabajo».
Los funcionarios de la Generalitat que quieran delatar cualquier
actuación podrán dirigirse a la Delegación del Gobierno en Cataluña o
presentar un escrito en soporte papel en esta instancia o en las
subdelegaciones del Gobierno en Lérida, Tarragona y Gerona.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, exigió a la Generalitat de Cataluña en declaraciones públicas
que cumpla «cuanto antes» con sus «nuevas» condiciones para recibir
recursos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica, para que sus
proveedores «no tengan que sufrir más aplazamientos derivados de
posiciones políticas que hoy no tienen sentido».
En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar en
la Escuela de Negocios IESE una conferencia sobre la Estrategia de
Fondos Europeos 2014-2020, Montoro declaró, según Europa Press, que la
Generalitat «lo que tiene que hacer es distraerse menos y dedicarse a
gestionar recursos de todos los ciudadanos.
Cumplir esas condiciones
aunque sean diferentes a las del resto y así se podrá abonar cuanto
antes».
El ministro explicó que las condiciones «adicionales» que el Gobierno
exige a la Generalitat otorgarán una «mayor transparencia» en su
gestión pública, ya que se identificará en qué se gastan los recursos y
se evitará que se destinen fondos al proceso soberanista.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado
ese desembolso para Cataluña procedente del remanente del FLA del año
pasado, pero impone al Govern unas condiciones para poderlo cobrar, cosa
que hará además de manera fraccionada, según vaya cumpliendo lo que se
le exige.
Entre los requisitos figura que el interventor de la Generalitat
deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto
autonómico (Generalitat y todos los organismos), para tener constancia
de que los gastos que se van realizando «no contravienen el ordenamiento
jurídico». Sin este certificado, el Estado no procederá a desembolsar
los 3.035 millones que, en todo caso, serán distribuidos de forma
fraccionada para asegurar un cumplimiento continuo." (EL MUNDO – 24/11/15, en Fundación para la Libertad)
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