"Los bancos serían las empresas catalanas más perjudicadas por las
consecuencias de una separación traumática de España. Para empezar,
tendrían que cambiar su sede central a territorio español, dentro del
espacio euro, del que Cataluña se habría separado, aunque fuera
temporalmente.
El hecho de que no existan precedentes hace difícil determinar qué
normas serían de aplicación en un supuesto de esas características, pero
el tercer rescate griego, desde el punto de vista político, y los
mecanismos del BCE para facilitar liquidez, desde el punto de vista
financiero, permiten llegar a la conclusión de que serían los bancos los
que tendrían más dificultades de adaptación.
La inmensa mayoría de las empresas del Ibex tienen su sede en Madrid.
Pero no ocurre lo mismo con la banca: las tres entidades más
importantes liquidan sus impuestos en otras ciudades: Santander, Bilbao y
Barcelona.
En el caso catalán, Caixabank tiene su sede en Barcelona y el Banco
Sabadell en la capital del Vallés. La ley establece que debe ser la
junta de accionistas la que apruebe un cambio de sede si el paso implica
también un cambio de ciudad o de comunidad autónoma.
Recientemente, el Partido Popular ha introducido una enmienda en la
ley concursal que afecta a la ley de sociedades en la que agiliza esos
trámites y evita, en el caso de urgencia, una aparatosa convocatoria
extraordinaria de junta de accionistas.
El tema es vital para la liquidez de los bancos. Si la economía
catalana supone aproximadamente el 20% del PIB español, cabe deducir que
los recursos de los clientes de los bancos catalanes, muy extendidos en
todo el territorio, pueden suponer un porcentaje parecido respecto del
total. O sea, el 80%. Tanto en depósitos, dentro del balance; como en
fondos de inversión y de pensiones, fuera de balance.
Retirada de depósitos
Es más que probable que una proporción de los ahorradores de fuera de
Cataluña se dejara vencer por la tentación de retirar sus ahorros de un
banco que ya no considerasen español. Una respuesta que sin duda sería
atizada por los adversarios políticos de quienes defienden el derecho a
decidir y mermaría la liquidez de esos bancos.
Además, ya no tendrían la posibilidad de apelar al BCE, porque no estarían bajo su paraguas.
Ese es un escenario que nadie se imagina, que todo el mundo --aunque
no quiere hablar en publico-- da por imposible. Primero, porque
consideran que nunca se llegará tan lejos; que habrá un pacto fiscal con
reforma constitucional o sin ella. Y, segundo, porque están convencidos
de que la eventualidad de una independencia sería contestada con un
cambio de sede para seguir operando con normalidad; para seguir
atendiendo a particulares y empresas tanto del resto de España como de
Cataluña. (...)" (Joaquín Romero, Crónica Global, 27 de julio de 2015)
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