"La posibilidad de que Cataluña se independice ha pasado de ser una
comida gratis (manifestarse por la independencia puede que no tenga
coste alguno) a una cuestión respecto de la que no se sabe si alguien saldría ganando, al margen de los políticos regionales.
De todo lo que he leído en la prensa en las últimas semanas he sacado
una conclusión añadida a las que había alcanzado antes del comienzo de
la campaña electoral. Y es esta que, aunque, a largo plazo, una Cataluña
independiente sería un Estado viable, separar a Cataluña de España es una tarea de extraordinaria dificultad si no imposible.
Cuando
se mira a los “comparables” (procesos de secesión o escisión que no se
hayan producido inmediatamente después de unos hechos traumáticos como
una guerra o un cambio de régimen político que es lo que ocurrió en los
países del centro y este de Europa) se comprueba que, probablemente, los
procesos de secesión (Quebec, Escocia) o de división (Bélgica) no han
culminado porque los costes de la
separación son elevadísimos y lo son porque las economías y las
sociedades del tronco y de la extremidad que pretende separarse están
extraordinariamente entrelazadas. (...)
Pues bien, esos artículos sobre los efectos económicos de la independencia me conducen a pensar que hay
pocas regiones en el mundo cuya Sociedad y Economía estén tan
vinculadas entre sí como la catalana y la española en su conjunto. (...)
La red de fibra óptica y, en general, de
telecomunicaciones es propiedad de Telefonica. Los gasoductos que pasan
por territorio catalán, de Enagas y la red eléctrica de alta tensión, de
REE. No es ya que se convirtieran en empresas “extranjeras” sino que se
trataría de empresas “reguladas” por un Estado extranjero.
Por no
hablar de las centrales nucleares. No quiero decir que sea imposible
deshacer los lazos o, mejor, reenlazar todas estas infraestructuras con
las nuevas fronteras del Estado catalán. Digo que sería costosísimo
hacerlo sin contar, ni siquiera, con que haya expropiaciones que
elevarían exponencialmente dichos costes.
Si de las “cosas” pasamos a las personas, el coste de la independencia
catalana – repito, el coste de la separación – es todavía mayor. ¿Podría
España considerar que los residentes en Cataluña perderían la
nacionalidad española? La respuesta no es obvia. Puede ser deseable para
España, mantener la nacionalidad española para todos. Pero plantearía
problemas muy serios.
Uno no baladí es el de que esos españoles en
Cataluña tendrían derecho a votar en las elecciones generales en España y
siendo tan elevado el número de españoles “residentes en el
extranjero”, las elecciones en España podrían venir decididas por lo que
votaran quienes han elegido no ser parte de España.
Muy raro. ¿Es
imaginable que varios millones de catalanes cambien su residencia y
abandonen Cataluña en caso de independencia? Puede ser. No es probable
que sean millones pero sí unos cientos de miles. ¿qué pasaría con el
precio de las viviendas en Cataluña?
Los residentes en Cataluña que cobran pensiones de la Seguridad Social
podrán estar más o menos entusiasmados con el nuevo Estado pero
pretenderán seguir cobrando sus pensiones de la Seguridad Social
española aunque solo sea porque “más vale lo malo conocido que lo bueno
por conocer”.
Arreglar sólo esta cuestión (¿garantía española y pago por
la SS catalana?) obliga a olvidarnos de la posibilidad misma de una
separación unilateral y por las bravas por parte de los políticos
catalanes. Simplemente, no podrían hacer la transición sin dejar de
pagar a muchos de sus pensionistas.
Los residentes en Cataluña están familiarmente relacionados con el resto
de España mucho más que con cualquier otro país del mundo. Aunque no
tengo datos, probablemente más que otras regiones españolas con el resto
como consecuencia de la inmigración andaluza sobre todo, pero también
gallega, aragonesa y castellana de los años sesenta. (...) ¿Qué
coste tendrá la independencia al respecto?
Muchos de los funcionarios que sirven en Cataluña son de otras regiones.
Desde la Universidad a la judicatura pasando por la Administración del
Estado por no hablar del Ejército. Puedo imaginar que muchos de ellos
pedirán al Estado español que los “repatríen” en caso de independencia
y, en todo caso, querrán conservar su puesto en el cuerpo nacional al
que pertenecen.
Y, obsérvese, que España no tiene que hacer nada para mantener el statu
quo de los “activos” y de los catalanes en España. Desde las
autorizaciones administrativas a las ayudas públicas. Ni siquiera
tendría que dar permisos de residencia o de trabajo a los catalanes que
quieran vivir o trabajar en cualquier otro punto de España si los
catalanes conservan la nacionalidad española.
Pero Cataluña tendría que
hacerlo con todos los activos de las empresas constituidas en cualquier
Registro Mercantil situado fuera de Cataluña. Las “buenas maneras” al
respecto (respetando absolutamente la “legalidad española”) se acabarán
cuando el Gobierno de Cataluña quiera cobrar el impuesto de sociedades a
todas estas compañías que tienen actividad en Cataluña pero su sede en
otros puntos de España y el Gobierno de España pretenda seguir cobrando
el impuesto de sociedades como hasta la independencia.
Si lo del País
Vasco y Navarra es un follón (y son, en conjunto, 2 millones y pico),
imagínense lo que sería hacerlo con Cataluña mediante una negociación a
cara de perro o, aún peor, unilateralmente por parte del Estado catalán.
Por no hablar de que las ventas de empresas catalanas en España y
viceversa dejarían de ser ventas interiores para convertirse en
exportaciones o importaciones.
¿Qué se deduce de todo lo anterior? Que el sentimiento independentista
tiene que ser tremendamente fuerte para que compense tamaños
inconvenientes. Para que la independencia aumente el bienestar,
habrá que comparar los beneficios que obtienen los independentistas (en
su autoestima o en su felicidad por vivir ahora en un Estado catalán) y
todos los residentes en Cataluña (si el Estado catalán es más eficiente
que el autonómico español) con los costes que impone a los catalanes
(si el Estado catalán es menos eficiente que el autonómico español); a
los catalanes no independentistas (en forma de infelicidad por vivir en
un Estado independiente de España) y al resto de los españoles en forma
de “infelicidad” por la separación y en forma de pérdidas económicas por
la reducción del mercado interior, el efecto frontera etc.
Pues bien, si hacemos esa comparación, hay que atribuir un valor muy,
muy alto al aumento de felicidad de los independentistas catalanes para
que el saldo neto sea positivo.
No solo porque hay que descontar
fuertemente las posibilidades de que el Estado catalán sea mucho más
eficiente que el autonómico español (los gestores son los mismos y las
políticas aplicadas por el Gobierno catalán en estos treinta años no han
sido mejores que las españolas, en media) o porque los costes para la
economía española sean también muy elevados sino también porque los
costes del divorcio o de la liquidación, como tantas veces ocurre en los
concursos empresariales, se puede “comer” la totalidad de los activos
de la empresa.
Este tipo de razonamiento es el que justifica que se
exijan mayorías muy claras a favor de la independencia para reconocer a
los nuevos Estados.
¿Por qué Flandes no es un Estado independiente? Lleva 30 años
separándose de Valonia y podría forzar la desaparición de Bélgica si
quisiera. Bélgica es un Estado mucho más artificial que España (sólo
tiene 180 años) y los lazos entre las dos comunidades mucho menos
intensos que los que tiene Cataluña con el resto de España, sin contar
con que los valones se sienten muy próximos a Francia y los flamencos –
aunque menos – a Holanda.
Pero los números no les deben de salir a los
flamencos, incluso aunque atribuyan – que lo hacen – un elevadísimo
valor a su sentimiento nacionalista (el estatuto de Bruselas no es una
cuestión menor).
¿Por qué los catalanes habrían de ser menos sensatos?
España no es la Yugoslavia de Milosevic y los catalanes tienen acceso a
toda la información necesaria y saben que los políticos catalanes son
tan (o tan poco) corruptos, ineptos y oportunistas como los del resto de
España.
Naturalmente, podemos equivocarnos porque, como dicen los juristas, las decisiones democráticas, como las contractuales, no se someten a un control de razonabilidad (stat pro ratione, voluntas)" (
, Almacén de Derecho, 19/11/2012)
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