"La nueva agencia tributaria catalana tendría unos comienzos harto complicados. En un informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, la Generalitat de Cataluña reconoce que tendría que constituir rápidamente un Banc Central de Catalunya que “podría emitir Deuda Pública destinada a cubrir temporalmente el diferencial de recaudación que se obtendría en condiciones normales”.
Además de la subasta de bonos dirigida a los mercados extranjeros de
capital, el Consejo Asesor indica que debería explorarse la emisión de títulos canjeables por impuestos pendientes de meritar.
La idea es que los ciudadanos comprometidos con el nuevo Estado adelanten los recursos fiscales
hasta que el govern pueda haber organizado la estructura necesaria para
imponer su legislación al conjunto de residentes en Cataluña. Cabe
recordar que en la actualidad la Generalitat está fuera de los mercados y
tan sólo financia su endeudamiento a través del Fondo de Liquidez
Autonómico articulado por el Ministerio de Hacienda.
“A partir del momento en que el Parlament de Catalunya apruebe las
normas jurídicas que conforman el sistema tributario catalán, su efectividad dependerá esencialmente de la voluntad de los ciudadanos
de Catalunya de acatar y cumplir la normativa catalana”, sostiene el
estudio sobre La Administración Tributaria de Catalunya publicado hace
ya varios meses.
O lo que es lo mismo, como recuerda Francisco de la Torre en un artículo escrito en Vozpópuli, la propia Generalitat admite su incapacidad para controlar los impuestos que pagan los catalanes.
De hecho, todos los expertos consultados argumentan que éste es el
principal reto al que debería responder una agencia tributaria
implantada en Cataluña de forma unilateral. “Entre dos agencias que
compitan por la recaudación, el contribuyente siempre se decantará por
tributar ante aquella que de verdad tenga poderes ejecutivos por muy
nacionalista que sea.
Si no lo hace así, cualquier ciudadano en territorio catalán se arriesgaría a que le reclamasen la misma cantidad dos veces. Competir unilateralmente por reclamar impuestos con la Administración central sería una locura”, apuntan.
A los ciudadanos les bastaría con trasladar la cuenta bancaria fuera
de Cataluña para escapar del nuevo Fisco catalán. Y en ese caso a la
Hacienda catalana sólo le quedaría el recurso de embargar las
propiedades inscritas en el Registro… “¿Pero de verdad se atreverían a
empezar embargando y subastando los inmuebles?”, señala un exalto cargo
de la Agencia Tributaria.
En el supuesto de una secesión no pactada, la situación se complicaría mucho para las empresas,
las cuales querrían saber desde el minuto uno a qué administración han
de entregar las retenciones mensuales. Cualquier empresa catalana de un
tamaño medio o grande tiene actividad en el resto de España y se
enfrentaría a la disyuntiva de dónde abonar su factura fiscal.
“Puestas entre la espada y la pared, las empresas aprecian la seguridad
jurídica por encima de todo, y lo más fácil para la mayoría sería
trasladar el domicilio fiscal fuera del Principado catalán. Lo más
probable es que primero pagasen al grande y luego se encargasen de
negociar con la nueva estructura independiente”, explican diversas
fuentes consultadas.
El mismo informe producido por la Generalitat concede veracidad a
este razonamiento: “En los primeros momentos, un factor determinante de
la viabilidad del proceso de construcción unilateral de la
Administración Tributaria del Estado propio será la posición que adopten
los empresarios catalanes, pues las empresas son los auténticos recaudadores
de los impuestos que pagan los contribuyentes catalanes y, por tanto,
quien de verdad puede decidir el destino del flujo financiero (la
tesorería) que permita mantener en funcionamiento el aparato
institucional de la Generalitat de Catalunya”. De nuevo, el estudio
básicamente deja claro que el éxito o fracaso de la aventura
independentista no estará en manos del govern encabezado por Artur Mas.
Para echar más leña al fuego, la tributación del IVA
representaría otro obstáculo difícil de sortear en semejante situación
de desconcierto. ¿Tendrían que estar las empresas exentas del IVA al
vender fuera de las fronteras catalanas a sociedades sitas en España
suponiendo una importante pérdida de ingresos para las arcas de la
Generalitat? ¿O acaso luego se les va a exigir el 21% de IVA por haber
vendido a compañías del mismo país tal y como demandará la Hacienda
española?
Y como la Agencia Tributaria de Catalunya no estará en condiciones de
ejercer “un control integral y eficaz”, según las recomendaciones del
Consejo Asesor sería aconsejable que provisionalmente la norma catalana
estableciera un periodo de prescripción superior a los cuatro años previstos en normativa española.
“De este modo se dará un mensaje muy claro a los contribuyentes en el sentido de que quienes se aprovechen de la inicial debilidad de la Generalitat
no conseguirán evitar ser detectados en el momento en que se haya
ultimado el despliegue de los sistemas de detección del fraude fiscal”,
afirma el texto basado en los trabajos de Joan Iglesias,
un inspector de Hacienda contratado por la Generalitat con la intención
de sentar las bases de una Agencia Tributaria de Catalunya
independiente del Estado español.
Al no disponer de un censo de contribuyentes, la Generalitat se vería
obligada a aprovechar las bases de datos a las que pueda acceder sin
autorización explícita, y “completarlas con una campaña social dirigida a
que sean los propios ciudadanos y empresas de Catalunya los que
voluntariamente faciliten a la Generalitat una copia de las
declaraciones que presente a la AEAT”. Si bien el propio
documente admite otra vez que “la eficacia de esta medida dependerá
naturalmente del grado de colaboración que aquellos [los contribuyentes]
estén dispuestos a prestar” (sic).
De acuerdo con las cifras barajadas por Joan Iglesias, la nueva
Agencia precisaría entre 7.000 y 8.000 empleados con un coste en el
entorno de los 400 millones de euros. Sin embargo, a continuación
explicita que ese presupuesto se tendría siempre y cuando se
consiguiesen las ratios de efectividad de la agencia sueca, una de las
más eficientes del mundo gracias a que se basa en las autoliquidaciones
y, por ende, apenas cuenta con sedes físicas. (...)" (Antonio Maqueda, Vox Populi, 27/07/2015)
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