Un larguísimo y mal escrito contramanifiesto, casi ilegible ¡Y hecho por notables intelectuales! Se dicen…

MANIFIESTO A FAVOR DEL PLURILINGÜISMO

“Asistimos en estos días a una nueva oleada de nacionalismo lingüístico español de la que el principal botón de muestra es el Manifiesto por la lengua común que ha promovido una veintena de intelectuales de prestigio. El texto en cuestión se asienta en certezas que nacen de aquello que, al parecer, no puede someterse a discusión, como ocurre, por lo demás, en muchos ámbitos de la vida de un Estado que presume de su condición democrática. En las disputas correspondientes adquiere singular relieve la Constitución de 1978, producto de un pacto en el que, en ámbitos sensibles como éste, se impusieron normas sin recabar la opinión de los afectados. Aun en el caso de que aceptásemos la condición inequívocamente democrática del referendo constitucional de aquel año, habría que preguntarse si tres decenios después no es legítimo reclamar, en sentido bien diferente del que invocan los promotores del manifiesto mencionado, una revisión de las normas entonces instituidas. Las cosas como fueren, es significativo que la nueva oleada de nacionalismo lingüístico español prefiera esconder que las reglas que hace suyas no son precisamente neutras.

Llama poderosamente la atención que las mismas personas que afirman con particular insistencia y frente a toda evidencia, tal y como lo revelan las leyes que afectan entre nosotros a las lenguas que los derechos no acompañan ni a éstas ni a los territorios, sino a las personas, no aprecien problema alguno en el enunciado que se ha convertido en guía principal del Manifiesto por la lengua común: el de que, mientras todos los ciudadanos españoles están obligados a conocer el castellano esto no es, al parecer, una imposición, sino un hecho cuya consistencia, sin más, se supone, los hablantes de otras lenguas disfrutan, sin más, del derecho a emplear estas últimas.

(nota: ¡Terrible privilegio!)

Si sobran las razones para concluir que semejante enunciación contradice palmariamente lo que afirma el artículo 139.1 de la Constitución en vigor Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, más inquietante es que en la España de hoy se dé por demostrada, al parecer hasta el final de los tiempos, la adhesión popular a reglas como la invocada, en un escenario en el que se hace valer una oposición cerril al despliegue de mecanismos que permitan conocer si la ciudadanía acata esas reglas o, por el contrario, las repudia.

Quienes defienden que el castellano es superior, natural y útil olvidan su imposición

Para el nacionalismo lingüístico español la lengua castellana es superior, cómoda, fácil y útil, virtudes todas ellas que son siempre el producto de circunstancias naturales, nunca de la imposición y la represión. Las lenguas de los demás son, por el contrario, molestas, arcaicas, antieconómicas y francamente prescindibles. Al tiempo que la defensa del castellano se ajusta por definición a un impulso democrático, la de las restantes lenguas responde cabe entender a espurios y cavernarios intereses marcados por esa felonía que identifica el Manifiesto por la lengua común; si en las segundas se revelan por doquier los espasmos negativos de los nacionalismos, por detrás de la primera no habría, en cambio, nacionalismo alguno.

(nota: el Manifiesto por la lengua común no llama “felonía” (¡Que insulto tan castizo!) al uso de las lenguas ¿regionales?ni a su defensa. Esta acusación si lo es)

La estrategia principal no nos engañemos apunta a ratificar la situación de incómoda marginación y minoría de las lenguas no castellanas, y a hacerlo de la mano de medidas que tienen un cariz visiblemente asimétrico. Baste como botón de muestra el recordatorio de que los firmantes del manifiesto que nos ocupa entienden que, aun siendo recomendable que en las comunidades calificadas de bilingües la rotulación de edificios y vías públicas se registre en las dos lenguas, en modo alguno podrá realizarse en exclusiva en la lengua propia del país en cuestión, sin que, por omisión, y cabe entender, se rechace la posibilidad de que la rotulación se produzca únicamente en castellano.

(nota: lo que se rechaza es que no se rotule en castellano -en un país turístico, tampoco se opone a que se rotule en inglés o en catalá-, sino que se rotule también en la lengua común, para que un catalán que vaya al País Vasco, se oriente. Sin omisiones y cabe-entendederas).

El idioma y la fuerza

Conocer el español es obligatorio; los hablantes de otras lenguas sólo tienen derecho a su uso

(nota: ¡Hombre! En las oposiciones autonómicas, se exige y se valora de forma desmesurada el conocimiento del vasco, catalán o gallego. De tal forma, que un monolingüe castellano difícilmente las aprobará ¿Quién es el discriminado?)

A los ojos de los nacionalistas lingüísticos españoles, la lengua común no se impone por la fuerza tal horizonte es ontológicamente inimaginable, frente a lo que ocurre, al parecer, con las lenguas no castellanas. Mientras se rechazan determinadas políticas alentadas por los gobiernos autonómicos que se limitan a reclamar para las lenguas respectivas las mismas prerrogativas de las que disfruta el castellano en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, se prefiere olvidar cómo, en el pasado y en el presente, medidas aplicadas a menudo con saña y violencia han beneficiado de siempre al castellano y explican, siquiera parcialmente, su condición de visible preeminencia contemporánea. Mientras se manipulan y magnifican, en suma, los problemas que los castellanohablantes puedan encontrar en algunos lugares, se esquiva toda consideración en lo relativo a la delicada situación en la que se encuentran el catalán, el gallego y el vasco, y ello sobre la base de la increíble afirmación de que los objetivos de dignificación de esas lenguas ya han sido, al parecer, satisfechos.

(nota: ¡Ahora nos toca a nosotros! Como el castellano -el francés, el italiano- se impuso con la inmersión en castellano, ahora se trata de imponer la inmersión en catalán o vasco).

No consta que los nacionalistas lingüísticos españoles, de siempre interesados en defender en exclusiva su lengua, se hayan pronunciado en momento alguno en favor de los legítimos derechos de los hablantes de las lenguas no castellanas. Que en los hechos el principio de libre elección lingüística en el sistema educativo sólo se postula para los castellanohablantes lo certifica la ausencia, dramática, de toda consideración en lo que atañe a ese principio aplicado, por ejemplo, en las personas de los hablantes de catalán, gallego y vasco que residen fuera de los territorios en los que las lenguas correspondientes son oficiales.

(Nota: el Manifiesto por la lengua común habla de preservar el derecho a aprender en catalán, si se quiere. Fuera de Cataluña, un catalán, vasco o gallego usa el español, y en Europa, el inglés. Viene siendo así, porque es lo más cómodo.

En las escuelas madrileñas, un niño catalanofalante no puede recibir clases en catalán porque su profesor –casi con seguridad- no lo conoce. No puede enseñar en catalán. Ni en árabe, ni en vasco.

Pero en Cataluña, todos los profesores pueden enseñar en catalán o en castellano. Si quieren, pueden; si no quieren, se comportan como los profesores franquistas. Esa es la cuestión. La del profesorado, su libertad de cátedra)

Al cabo parece obligado concluir que esas lenguas no son percibidas como propias, circunstancia que da al traste, de paso, con cualquier proyecto creíble de bilingüismo: llamativo es que, mientras los nacionalistas lingüísticos españoles se desenvuelven orgullosamente como monolingües en castellano, se rechaza que los hablantes de catalán, gallego y vasco puedan comportarse como monolingües en las lenguas respectivas.

(nota: lo que se rechaza es que se pueda obligar al hijo de un charnego monolingüe en castellano a una inmersión escolar monolingüe en catalán.

Una simple tergiversación. Pasable)

Lo que en los hechos se reivindica un monolingüismo de facto es percibido en cambio como una afrenta cuando se sobreentiende que es la apuesta de los gobernantes de las comunidades autónomas que disponen de lenguas propias.

Una curiosa defensa

El Manifiesto por la lengua común configura, en fin, una curiosa defensa de una lengua que pareciera no tener a su disposición ningún tipo de apoyo. Para certificar lo contrario ahí están la maquinaria del Estado, el sistema educativo, un sinfín de rancias instituciones, el grueso de los medios de comunicación, buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica, el respaldo de intelectuales de prestigio y, en fin, las propias fuerzas armadas. Por si poco fuere, y a tono con los tiempos, el manifiesto que nos interesa recaba para sus promotores la doble condición de luchadores por los derechos humanos y de defensores de los desheredados. Pena es que, por muchos esfuerzos que se hagan, el texto no acierte a ocultar la defensa obscena de privilegios tan impuestos como asentados, y la ritual demonización, también a tono con los tiempos, de quienes disienten, paradójicamente tildados, a menudo, de fascistas y totalitarios. Que semejante campaña sea atizada, en suma, desde medios de comunicación y cenáculos de la derecha más montaraz dice mucho de su sentido más profundo.” (Público,19/07/2008)

(nota: Muy sueltos en el insulto. El de fascista es el preferido ¡Pues vaya ojo! El Manifiesto por la lengua común trata de defender el derecho de los monolingües castellanos (que son, precisamente, los trabajadores inmigrantes –de ahora, de antes- en Cataluña y el País Vasco). Será que no han tratado con uno de ellos en toda su vida, por eso se asombran de que muchos de ellos quieran que sus hijos aprendan en su lengua materna, porque les resulta más fácil, digan lo que digan los jerifaltes lingüísticos

¿Quién es el fascista? El del ojo.