“El Manifiesto por la lengua común ha desencadenado un fuerte debate. En mi opinión, contiene quejas razonables y otras que no lo son tanto. Parece claro que los nacionalistas han cometido ciertos excesos, pues, en efecto, no se entiende que si algunos territorios aspiran al bilingüismo, la rotulación de las vías públicas se haga exclusivamente en la lengua local, o que las instituciones se dirijan a los ciudadanos sólo en la lengua local.
Los usuarios de estas lenguas locales tienen también sus agravios. Se quejan de que la justicia se desarrolle sólo en español, o de que haya muchas trabas al uso de las lenguas locales en las instituciones políticas españolas. (…)
El Manifiesto, sin embargo, va mucho más lejos. Se afirma que no sólo existen los despropósitos antes mencionados, sino que, además, y esto sería mucho más grave, las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas violan derechos de los castellanohablantes cuando les obligan a recibir la educación en la lengua local. La referencia a los derechos de las personas no es baladí. Si verdaderamente la elección de la lengua que se utilice en la enseñanza constituye un derecho, la política lingüística de comunidades autónomas como Cataluña sólo podría entenderse como una imposición que no respeta la libertad de las personas. De ahí el conflicto que denuncian entre "políticas nacionalistas" y "libertades ciudadanas".
Pero cabe cuestionar si el derecho del que hablan los partidarios del Manifiesto existe… ¿tiene sentido hablar del derecho de las personas a elegir la lengua vehicular de la enseñanza? Cabe dudarlo. (…)
En Cataluña se decidió, en virtud de un amplio acuerdo político y social, que el catalán fuera la lengua de enseñanza en el sistema público. Como en toda decisión política, habrá personas que se opongan. Pero eso no quiere decir que sus "derechos" hayan sido menoscabados.
Quizá el principal inconveniente de plantear el problema lingüístico en términos de derechos es que no analiza las consecuencias que puedan tener las distintas políticas de la lengua. Si hubiera un derecho ciudadano al respecto, habría que respetarlo, con independencia de los problemas que se puedan generar por ello. Así, puesto que el Manifiesto se mueve en un plano puramente ideológico, las cuestiones políticas que es necesario tener en cuenta no se mencionan.
¿Acaso impide el sistema catalán de inmersión el aprendizaje del español? Hasta el momento, no se han ofrecido datos que permitan responder afirmativamente. (…)
Si el catalán no fuera lengua de enseñanza, ¿llegarían a ser bilingües los castellanohablantes que viven en Cataluña? (…)
Y de lo que se trata, como señaló Josep Ramoneda en este periódico, es de que se rompa de una vez en Cataluña la asimetría entre ciudadanos monolingües en castellano y ciudadanos bilingües. Por último, ¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva de enseñanza no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas, una de las cuales, la de los monolingües castellanos, no tendría la oportunidad de acceder a los trabajos que requieren el conocimiento del catalán, como por ejemplo los de
El debate sólo será provechoso si se abandona la demagogia de los derechos y se discute con datos y argumentos sobre el fin a alcanzar (bilingüismo efectivo o dominio del castellano en las comunidades con lengua propia) y los medios para conseguirlo.” (IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA: ¿Qué derechos lingüísticos?. El País, ed. Galicia, Opinión, 16/07/2008, p. 25)
Ignacio Sánchez-Cuenca no insulta. Y argumenta después de haber leído el Manifiesto ¿El único que lo ha hecho? Posiblemente.
Argumenta que el derecho de los niños a aprender en su lengua materna es dudoso. Por lo tanto no hay debate. Si no es un derecho, todo el mundo tiene que aprender en la lengua que se le imponga, y si eso es bueno para las clases altas, y malo para las clases trabajadoras, pues a aguantar, porque no hay derecho a protestar.
Lo que se discute es precisamente el derecho de un niño en los sitios dónde se hablan normalmente dos lenguas, y una de ellas es la suya, a no sufrir la inmersión lingüística en la que no habla.
Y el de sus profesores a enseñar en la lengua que consideren sea la más apropiada para sus alumnos, dirigiéndose en catalán a los alumnos de lengua materna catalana, y en español a sus alumnos de lengua materna española.
Se discute la libertad de cátedra de los profesores. Y la libertad a aprender en la lengua materna de los alumnos. De derechos, obviamente.
En cuanto al acceso a los puestos autonómicos, todo el mundo tiene el derecho a no ser discriminado por su lengua. Ni los monolingües españoles (los inmigrantes sudamericanos, por ejemplo).
Porque los méritos profesionales están por encima de los lingüísticos. Se trata de los derechos de mucha gente, de los trabajadores de Alicante, por ejemplo, a no ser discriminados frente a los valencianos en las oposiciones autonómicas por no saber catalán (porque en Alicante se habla español).
Se trata, pues, de una cuestión de derechos, de no ser discriminados por la lengua. De derechos humanos.
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