"Previamente a la apertura del proceso soberanista, los recortes en
servicios públicos impulsados por el gobierno de Artur Mas provocaron
una fuerte contestación social como se demostró con el cerco al
Parlament del movimiento del 15M y la histriónica entrada del president
de la Generalitat en la cámara catalana, dos huelgas generales que
tuvieron un masivo seguimiento en Catalunya, así como las grandes
movilizaciones de los afectados por los recortes, especialmente en
enseñanza y sanidad.
El giro soberanista de la antigua Convergència y la
puesta en marcha de la hoja de ruta independentista apartó de la agenda
pública estas cuestiones sociales y la política catalana se vio
monotemáticamente centrada en el eje nacional y en el ascenso del
conflicto entre las administraciones central y autonómica, y en el
interior de la sociedad catalana entre partidarios y contrarios a la
secesión.
El movimiento independentista trató de vincular ambas
cuestiones, insistiendo machaconamente que se promovía la secesión no
por motivos únicamente identitarios, sino como el instrumento para
solucionar los graves problemas sociales del país, ante la falta de
recursos de la Generalitat y el supuesto drenaje de recursos hacia el
resto de España. Un argumentario que se concentró en la famosa consigna
de Espanya ens roba.
Este planteamiento obtuvo un notable éxito entre las
clases medias, base social del movimiento independentista, a despecho de
los escándalos de corrupción que se sucedieron sin solución de
continuidad en el ámbito convergente, cuyo emblema fue la confesión de
Jordi Pujol pero también los casos Palau, tres por ciento, Innova o
Prat, éstos dos últimos que afectaron de lleno al presidente del
Institut Catalán de Salut (ICS) que gestiona la sanidad pública
catalana.
Ello, a pesar de las manifestaciones de Artur Mas, que
defendió los recortes, jactándose de ser un discípulo aventajado de las
políticas de austeridad dictadas desde la Unión Europea, incluso con más
determinación que Mariano Rajoy.
Aquí resulta imprescindible evocar las
declaraciones del conseller Santi Vila, quien en un alarde de
sinceridad reconoció en diciembre de 2014 que uno de los principales
objetivos del procés era justamente redirigir, con
un proyecto “mínimamente ilusionante”, el malestar social provocado por
los recortes: “Si este país no hubiera hecho un relato en clave
nacionalista ¿cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000
millones de euros?”
Así pues, no resulta extraño que ahora, cuando el
proceso soberanista está en vía muerta, reaparezcan las graves
cuestiones sociales que estaban, por así decirlo, tapadas por dicho
proceso. Prueba de ello son las huelgas masivas del personal sanitario
de la asistencia primaria y de los estudiantes y profesores en el
conjunto del sistema educativo, a las que se han sumado otros colectivos
de trabajadores públicos como los bomberos o servicios sociales con el
objetivo de revertir los recortes padecidos por estos servicios públicos
que constituyen el fundamento de nuestro raquítico Estado del
Bienestar.
La ausencia de respuesta del ejecutivo catalán, con el clamoroso silencio del president
Quim Torra tras cuatro días de huelga de médicos, ante estas
movilizaciones, pone de relieve que este gobierno no está concebido para
gestionar los conflictos sociales, sino para mantener la tensión e
intentar prolongar agónicamente el proceso soberanista, a la espera de
que una dura sentencia judicial relance las movilizaciones
independentistas.
En este sentido, resultan paradigmáticas las
declaraciones de Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya y
hombre de la máxima confianza de Carles Puigdemont, quien manifestó que
discutir sobre las listas de espera en la sanidad catalana no es
esencial –son unas “migajas”– sino que la “resolución real del problema”
pasa por la autodeterminación, en la línea del denominado
“independentismo mágico”, según el cual la mera existencia de un Estado
propio sería la panacea que resolvería por arte de magia todos los
graves problemas que afectan al país.
Unas declaraciones que han
provocado una enorme indignación entre los profesionales y usuarios de
la sanidad pública catalana. (...)" (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 01/12/18)
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