La nueva 'Ley de Cupo' pone al País Vasco como el principal receptor del Estado y le deja al margen de la “solidaridad territorial”

 "(...) La contribución a la solidaridad interterritorial de esta comunidad foral durante los próximos cinco años se va al limitar, hechas las sumas y las restas, a la irrisoria cifra de 27 millones anuales, según ha desvelado uno de los máximos expertos en financiación autonómica, Alain Cuenca, que denuncia los trucos y las trampas de un cálculo que es político y que luego se viste técnicamente.

 "La cifra del cupo es magia", ha rematado Ángel de la Fuente, director de la importante Fundación FEDEA y eminencia en balanzas fiscales. La nueva ley profundiza una situación de privilegio, antiprogresista, y contraria a los principios del federalismo que el PSOE propugna.

En el 2013, el entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, ya alzó su voz contra el cupo por insolidario. Lo acusaron de "crear líos donde no los hay", "inoportuno" y casi de "loco", pero fue de los primeros en atreverse a cuestionar un auténtico tabú del que se han servido los dos grandes partidos españoles para sacar adelante leyes y presupuestos a cambio de los votos del PNV.

 En Euskadi, solo el diputado Gorka Maneiro, antiguo militante socialista y parlamentario en Vitoria por UPyD, se atrevió a votar en contra del concierto económico por atentar contra los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.(...)

 Justamente es la fragilidad de la situación política lo que permite ahondar en este despropósito. El PP está en minoría y dispuesto a cualquier cambalache para ir tirando adelante la legislatura. El PSOE es socio de gobierno del PNV en Euskadi y no puede oponerse sin que lo echen. Desde una lógica de Estado, es verdad que la crisis en Catalunya hace insensato abrir otro frente territorial con los nacionalistas. Aun así no debemos callar lo que pensamos."             (Joaquín Coll, El Periódico, 23/11/17)


"La nueva 'Ley de Cupo' pone al País Vasco como el principal receptor del Estado y le deja al margen de la tan famosa frase que hemos escuchado estos últimos años de la “solidaridad territorial”.

El último año liquidado, correspondiente al año 2015, se ingresó en las arcas públicas en concepto de cupo (aportación del País Vasco por competencias del Estado como serían política exterior o la defensa) 1.139,4 millones de euros.

Pero durante el 2015 el Gobierno del PP efectuó un ingreso a favor de la Hacienda Vasca por valor de 1.421 millones de euros en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue a favor del País Vasco alrededor de 281,6 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Por qué el Gobierno del PP quiere continuar con las diferencias recaudatorias dentro de la nueva 'Ley de Cupo' en el País Vasco?

El País Vasco recibe más dinero del que aporta

El País Vasco está recibiendo más dinero de lo que está aportando pese a ser la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España. Esta situación no solo se va a mantener, sino que va aumentar con la nueva 'Ley de Cupo' para 2017-2021.

La nueva ley remitida al Gobierno del PP, se establece que la aportación bruta del País Vasco al Estado tendrá que ser de 1.304 millones euros, muy por debajo de los últimos años. Aunque es fácil identificar a cuánto asciende la diferencia para la Administración central.  (...)

Existen expertos como Angel de la Fuente, representa al Gobierno en el comité de sabios para reformar la financiación, y Alain Cuenca, el ex director general de Hacienda con el gobierno socialista, que coinciden que esta nueva ley favorece aún más a las arcas del País Vasco.

El Cupo Vasco es un privilegio y es una anomalía dentro del sistema de financiación de la comunidades autónomas de España. La nueva ley, acordada con el Gobierno del PP y los vascos antes de verano, está ignorando por completo las recomendaciones que han hecho dentro del comité de expertos creado por el Gobierno para reformar la financiación.

Este comité pidió antes de verano a Hacienda, y en concreto al señor Cristobal Montoro, que se recalcura el Cupo par reducir las fuertes desiguales existentes entre comunidades autónomas y las comunidades forales deben comenzar a contribuir a la igual territorial como están realizando otras comunidades como Madrid y Cataluña.

Francisco de la Torre de Ciudadanos ya ha afirmado que van a presentar una enmienda a la totalidad, ya que es la única arma de que disponen, pues la 'Mesa del Congreso' decidió tramitarlo en lectura única sin poder realizar modificaciones por vía de enmiendas. PP, PSOE y Podemos apoyó este método obteniendo la mayoría de la mesa.  (...)

Los ajustes del IVA es la causa que el País Vasco reciba más de lo que aporta

Ciudadanos ataca al acuerdo entre Cristobal Montoro y el consejero vasco por el que País Vasco se queda con la recaudación de IVA dentro de su territorio. Además, estas comunidades reciben un porcentaje de lo que las empresas vascas venden en el resto de comunidades autónomas.

El País Vasco si no tuviera el Cupo debería aportar más a las arcas del Estado que a la inversa, al ser más grande el mercado del que se benefician las empresas del País Vasco que el consumo que se hace en su territorio de los productos de las empresas del resto de comunidades autónomas.

El acuerdo de la nueva 'Ley de Cupo' sigue estos ajustes a favor del País Vasco. El IVA nunca ha estado dentro del régimen fiscal foral establecido en la Constitución, porque se introdujo en España cuando entró como miembro en la Comunidad Europea.

El ajuste que se está dando en el IVA tendría que ser al revés.(...)"              (Raúl Jaime Maestre, El blog salmón, 22/11/17)

 "(...) Varias comunidades gobernadas por los socialistas —al menos Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias— han expresado su malestar por el acuerdo que saldrá adelante también con los votos del PSOE. 

El grupo parlamentario socialista lo apoyará “sin complejos”, dijo ayer la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, toda vez que el Concierto económico vasco es un “hecho diferencial constitucional reconocido”, razonó Robles.

No cuestionan el Concierto vasco los Gobiernos autonómicos socialistas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias, que alzaron ayer en público la voz, pero sí este acuerdo del Gobierno del PP con el PNV. 

“Convendría que en lugar de aprobar ahora la ley de cupo para cinco años se apruebe dentro de unos meses, cuando se esté negociando también el sistema de financiación autonómico, y de esa manera veríamos la fórmula de que desde el cupo se transfirieran, porque Euskadi está muy sobrefinanciada, recursos a las comunidades autónomas del sistema de financiación de servicios públicos esenciales”, argumentó ayer el presidente de Asturias, Javier Fernández. En términos similares se expresaron el Gobierno andaluz y el presidente valenciano, Ximo Puig.

El pacto del Gobierno del PP con el PNV en torno al cupo ha levantado suspicacias no solo en el PSOE sino también en Ciudadanos y Podemos, aunque solo el partido de Albert Rivera votará el jueves en contra. (...)"                   (Anabel Díez, Elsa García de Blas, El País, 22/11/17)

"Por qué el sistema foral permite al País Vasco gastar el doble por habitante que la media.

 (...) Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que existen diferencias abismales entre las comunidades autónomas. El País Vasco accedió en 2013 a una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros que registraron las autonomías del régimen común (...)

Navarra figura como la segunda región con mayor financiación con 3.266 euros per cápita. Así, las dos comunidades forales cuentan con muchos más recursos para ofrecer servicios públicos. El funcionamiento del modelo foral explica esta asimetría. (...)

El director de Fedea y miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación, Ángel de la Fuente, llegó a asegurar que la fórmula para determinar el cupo es “marciana”y que el País Vasco debería aportar más de 4.000 millones si el sistema fuera equitativo. (...)

Un informe de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde) publicado en febrero reclamaba revisar los mecanismos de solidaridad para que País Vasco y Navarra también contribuyeran a la nivelación interterritorial. En el estudio participaron cuatro expertos que forman parte de la comisión que evalúa la reforma del modelo: Santiago Lago (Galicia), Alain Cuenca (Aragón), Carlos Monasterio (Asturias) y Francisco Pérez García (Valencia).

A las comunidades forales les resulta beneficioso no participar en los mecanismos de nivelación porque, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, serían aportadoras netas. Es lo que sucede en Cataluña o Madrid, donde buena parte de lo que se recauda en ambos territorios sirve para financiar a las regiones con menos recursos y más necesidades.

Ser una comunidad con mayor renta y recaudar todos los impuestos permite al País Vasco mantener tipos efectivos menores y, al mismo tiempo, ingresar más.

Los mayores recursos tienen su reflejo en la calidad de los servicios públicos. Un estudio del catedrático Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País Vasco alcanza los 7.229 euros frente a los 4.995 euros de media. También lidera el ranking en los indicadores de calidad educativa. En Sanidad y servicios sociales, Euskadi ocupa el primer lugar con diferencia. 

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calculó que las comunidades necesitarían 48.962 millones adicionales cada año para ofrecer servicios similares a los de los territorios forales. El acuerdo presupuestario cerrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV supondrá rebajar el cupo vasco casi un 40% hasta los 956 millones. Además, el Estado abonará 1.400 millones por las discrepancias de ejercicios anteriores."    (Cinco Días, 05/05/17)

"El reciente acuerdo sobre el cupo, calificado de "excelente" por el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha supuesto un duro mazazo en el camino hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que sea más claro, mejore la solidaridad entre territorios y la responsabilidad fiscal de los gobiernos.

 El pacto entre PP y PNV desborda el legítimo acuerdo puntual para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado porque se propone consagrar, mediante una nueva ley quinquenal del cupo, un incremento de la sobrefinanciación de Euskadi.

 Aunque las comunidades forales disponen de un sistema de recaudación de impuestos con plena autonomía amparándose en los "derechos históricos" recogidos en la Constitución, una reliquia del Antiguo Régimen que logró sobrevivir a las guerras carlistas y al franquismo, en ningún caso eso puede dar lugar a privilegios económicos.

 La realidad, sin embargo, es que la financiación per cápita en el País Vasco y Navarra para políticas educativas, sociales y sanitarias es el doble o más que en el resto. Tanto el cupo vasco como el convenio navarro (cuya cuantía financia los servicios que presta el Estado a los ciudadanos de esas comunidades) se calculan desde hace muchos años con criterios obsoletos y opacos.

 El modelo no solo representa una clara excepción en el marco de los modelos federales comparados, sino que genera un agravio comparativo que envenena el debate territorial en España.

El acuerdo entre PP y PNV para aprobar los presupuestos del 2017 no solo incluye inversiones en la 'Y' vasca de la alta velocidad, sino también la aprobación este año de una nueva ley quinquenal del cupo que va a tomar como referencia un cálculo aún más ventajoso. Sería incomprensible que cuando dicha propuesta llegue a las Cortes toda la oposición no la rechace por entender que agrava la asimetría entre el modelo de financiación común y el foral.

La imposibilidad de integrar a Euskadi y Navarra, que se sitúan a la cabeza en renta per cápita tras Madrid, en los mecanismos de solidaridad va a dificultar enormemente la reforma de la financiación del resto de las autonomías que ya va con dos años de retraso. (...)"         (Joaquín Coll, El periódico, 28/05/17)

"El pufo vasco. Pufo. m. fam. Estafa, engaño, petardo.

(...) Desde su reformulación en 1981, el régimen de concierto económico, en virtud del cual las Administraciones vascas contribuyen al sostenimiento financiero del Estado mediante el pago de un cupo, se ha convertido en un sistema de privilegio que pone en manos de aquéllas cuantiosos recursos que pueden considerarse como una transferencia hacia el País Vasco desde el resto de España. 

El mecanismo que conduce a ese resultado es sencillo: el Cupo se fija mediante unas reglas pactadas políticamente entre los Gobiernos del Estado y la comunidad autónoma que conducen a una sistemática subvaloración del coste de las competencias estatales no asumidas por ésta. 

El diseño general de tales reglas fue definido en la Ley 12/1981, aunque su especificación para cada uno de los períodos quinquenales a los que se refieren las diferentes leyes del Cupo se ha negociado separadamente, con resultados netamente favorables para el Gobierno vasco. 

Tal negociación ha respondido, por lo común, a un esquema en el que este último ha buscado permutar el apoyo político al Gobierno nacional de turno por el sostenimiento de una situación financiera ventajosa.

Como resultado de todo ello, el Cupo Vasco se ha convertido en un auténtico pufo, en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos de imposible justificación desde el punto de vista económico.

En el caso aquí estudiado, que corresponde a la última Ley del Cupo, referida al quinquenio 2007-2011, la determinación del cupo provisional en el año base –es decir, 2007– recoge una subvaloración de la cantidad pagadera por la Administración vasca que supera los 2.000 millones de euros. 

Dos son los elementos principales que conducen a este resultado: por una parte, la atribución al Estado de un déficit presupuestario inexistente, del que se desprende una deducción de 2.550 millones de euros del coste atribuido a las competencias estatales no asumidas por el Gobierno Vasco, y, por otra, el empleo de un índice de imputación del 6,24% en la estimación de este coste, que supera al que razonablemente debería utilizarse si tal índice reflejara la verdadera dimensión relativa de la economía vasca dentro de España, es decir, el 5,61%.

El pufo vasco alcanza así una cifra de 2.060 millones de euros, que equivale al 3,4% del PIB regional. En términos per cápita, las Administraciones vascas disponen de 964 euros por cada habitante, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos de ellas dependientes."          .  (Mikel Buesa, Libertad Digital, 07/05/17)