"A lo largo de estos días se ha difundido el dictamen del Tribunal
Constitucional alemán por el que se desestima el recurso presentado por
el partido independentista de Baviera sobre la posibilidad de someter a
referéndum la independencia de este land.
Los argumentos en los que se
fundamenta el dictamen son de sobra conocidos en nuestro país, ya que se
identifican milimétricamente con los utilizados por el Tribunal
Constitucional español respecto a la posibilidad de realizar una
consulta para la independencia de Cataluña.
Según la carta magna
germánica –afirma el tribunal- la soberanía recae en la totalidad del
pueblo alemán y ningún land es autónomo y competente para decidir su
independencia. En la Constitución alemana no hay espacio para el
secesionismo.
Para que el parecido con España sea completo, Florian Weber, líder
del partido independentista, manifestó vía Facebook algo similar a lo
que nos tienen acostumbrados los separatistas catalanes: “La
independencia de Baviera no la decidirá un tribunal, sino el pueblo de
Baviera”.
El dictamen del Tribunal Constitucional alemán representa un duro
golpe a las aspiraciones secesionistas de los independentistas
catalanes. A partir de ahora les va a resultar difícil convencer a los
incautos de que “el proceso” va a contar con apoyo internacional en su
hipotética declaración unilateral de independencia y de que, si esta al
fin se llevase a cabo, sería compatible con mantenerse dentro de la
Unión Europea.
El golpe es tanto mayor cuanto que los distintos
mandatarios europeos ya vieron con enorme recelo el referéndum de la
independencia de Escocia, considerando la decisión de Cameron un enorme
error. Ello a pesar de que el caso de Gran Bretaña es sustancialmente
diferente del de otros países europeos, ya que no goza de una
constitución escrita y, que Escocia fue Estado independiente hasta que
en 1707 se firmó el Acta de Unión por la que se creaba el reino de Gran
Bretaña.
Tanto Francia como Italia han optado recientemente por ponerse
la venda antes que la herida y cortar de raíz toda posible veleidad
secesionista realizando sendas reformas administrativas que
imposibilitan cualquier conato separatista. Ahora es el Tribunal
Constitucional alemán el que deja meridianamente claro que en las
constituciones europeas no hay espacio para la autodeterminación de
ninguna región.
No es de extrañar que tras el dictamen del Tribunal Constitucional
alemán, el nacionalismo catalán y alguno de sus fervientes, aunque
disimulados, seguidores de la Vanguardia como Enric Juliana se hayan
apresurado a intentar convencernos de que el caso de Baviera no es
asimilable al de Cataluña, ya que en los momentos actuales, según las
encuestas realizadas, los partidarios de la independencia en el land
alemán alcanzan el 23%, mientras que en Cataluña se acercan al 50%.
Pero, puestos a buscar diferencias, habría que fijarse más bien en
otras.
Baviera fue independiente hasta 1879, fecha en la que se
incorporó a Alemania (momento de la unificación de este país) e incluso
entonces fueron muchas las voces que optaron por la integración en la
católica Austria más en consonancia con la religión que se practica
mayoritariamente en el ahora land alemán; y de hecho no dejó de ser
reino para incorporarse plenamente a Alemania hasta 1918. Cataluña, por
mucho que los secesionistas quieran engañarse y engañarnos, no ha sido
independiente nunca.
Pero todas esas diferencias, tanto las señaladas por unos como por
otros, son irrelevantes a la hora de enjuiciar el contenido del dictamen
del Tribunal Constitucional alemán. Ninguna de esas razones son las que
motivan el fallo.
El alto tribunal alemán, al igual que el español, no
se fija en si son muchos o pocos los partidarios de la independencia,
número por otra parte bastante cambiante, y dependiente de un sinfín de
circunstancias, entre otras las ligerezas y debilidades de los distintos
gobiernos en conceder prebendas y beneficios a los nacionalistas y que
estos aprovechan rápidamente para incrementar su proselitismo.
El
razonamiento del Tribunal parte de un presupuesto anterior, definir el
sujeto de la soberanía. Según la carta magna del país germánico, los
competentes para decidir sobre cualquier modificación territorial son
todos los alemanes. Por lo visto, las altas instancias alemanas también
“judicializan” la política.
Entre Baviera y Cataluña existe sí una semejanza esencial. Las dos
regiones son las más ricas de sus respectivos países. El descontento de
bávaros y catalanes, traducido o no al independentismo, se fundamenta en
las fuertes transferencias de recursos que estas regiones, como
consecuencia de una Hacienda Pública común, están obligadas a realizar a
favor de otras de menor renta. Lo que subyace en ambos casos es la
creencia de que España o Alemania “nos roban”.
En Baviera, especialmente
a partir de la reunificación alemana e integración de los länder del
Este; en Cataluña, no se puede olvidar que la conversión de la antigua
Convergencia a la independencia se produce cuando el Gobierno español se
opone a la pretensión de Artur Mas de obtener la misma situación de
privilegio que otorga nuestra Constitución al País Vasco, lo que llaman
el pacto fiscal. Contra lo que ambas regiones se rebelan es, en
definitiva, contra la política redistributiva del Estado.
Por ello cuesta tanto entender la postura adoptada por una gran parte
de la izquierda, no solo de la catalana, reclamando el derecho a
decidir. Es cierto que en muchos casos detrás de esta pretensión no se
esconde un convencimiento ideológico, sino tan solo un oportunismo
electoral tendente a conseguir buenos resultados en aquellas Autonomías
proclives al nacionalismo. Pero estos planteamientos puramente
electoralistas se terminan pagando.
Especial tristeza produce -por lo menos en aquellos que en otros
tiempos defendimos a los sindicatos y tanto colaboramos con ellos-
escuchar al actual secretario general de UGT abogar por el derecho a
decidir de las regiones ricas para librarse de la política
redistributiva.
¿Defenderíamos el derecho a decidir de los banqueros o
de las empresas del IBEX acerca del montante de impuestos con los que
deben contribuir a la Hacienda Pública? En honor de la verdad hay que
decir que lo que José María Álvarez tiene es un buen cacao mental. Lo
demostró el otro día en la entrevista que le hizo Alfredo Menéndez en
“Las mañanas de Radio Nacional”.
Al tiempo que se reafirmaba en su
postura a favor del derecho a decidir, negaba que propugnase el derecho
de autodeterminación. Y cuando uno de los tertulianos, Paulino Guerra,
le señalaba la contradicción que tal postura implicaba, salía por
peteneras poniendo como ejemplo que se había negado el derecho a decidir
a los catalanes cuando, tras haber aprobado en referéndum el Estatuto,
algunos de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional.
El derecho a decidir es tan solo un eufemismo empleado por los
nacionalistas para evitar referirse directamente al derecho de
autodeterminación -en realidad, derecho a la secesión- al ser
conscientes de que la ONU restringe tal derecho a los territorios
coloniales o a aquellos que formando parte de un Estado no democrático
son explotados política y económicamente.
Es difícil tener como no
democráticos a Alemania o a España (al menos con los cánones que hoy
rigen en Occidente y con los principios sancionados por la ONU), pero
mucho más considerar que Baviera o Cataluña son regiones oprimidas.
En sentido estricto, todos tenemos derecho a decidir en muchos
asuntos pero nos está vedado, de manera individual o colectiva, en
otros si la persona o el colectivo no tienen competencia para hacerlo.
Y
ello de ninguna manera significa falta de democracia o de libertad. Por
ejemplo, individualmente no puedo decidir aquellas cuestiones que
pertenecen a mi comunidad de vecinos o incluso las que se refieren en
exclusiva a mi piso pero pueden perjudicar al resto del vecindario.
Los
residentes de la Gran Vía de Madrid no les es dado prohibir o permitir
el tráfico en esta calle, al igual que a los empadronados en la ciudad
de Zaragoza disponer acerca de si se debe o no consentir el paso del AVE
por su término municipal, ni a los ciudadanos de Tarragona si quieren
separarse de la Comunidad de Cataluña.
En un Estado democrático cada individuo y cada colectivo tienen
derecho a decidir de acuerdo con el ámbito de sus competencias definidas
por el marco legal, pero no tienen derecho a establecer aquellas cosas
que corresponden al derecho a decidir de un ámbito superior. La
sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del
Estatuto catalán (y que tanto preocupaba al secretario general de la
UGT) en absoluto violó el derecho a decidir de los catalanes.
El
Tribunal definió tan solo en el ejercicio de sus funciones aquello que
podía acordar unilateralmente Cataluña y aquello que, por pertenecer al
ámbito de decisión de todos los españoles (incluyendo a los catalanes),
no podía establecer en solitario. En especial, las que implican un
cambio constitucional.
De existir una postura antidemocrática no está en la sentencia del
Tribunal Constitucional ni en el de aquellos que interpusieron el
recurso, sino en el de los políticos que condujeron a la sociedad
catalana a votar un texto inconstitucional y sobre el que, por tanto, no
podía decidir, puesto que la decisión corresponde a todos los
españoles, y no de cualquier manera, sino siguiendo los cauces que la
propia Constitución determina.
El Tribunal Constitucional alemán
mantiene ahora -como no podía ser de otro modo- la misma doctrina
aplicada a Baviera. Por lo visto, Alemania también judicializa la
política." (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 12/01/17)
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