«El gobierno catalán no quiere poner a sus funcionarios en riesgo de inhabilitación»... pero, si no son capaces de asumir ese riesgo ¿de qué son capaces, o esto de la independencia es un cachondeo?

"El «proceso» de agitación para la convocatoria del referéndum independentista del 9-N sigue en la calle. Pero Artur Mas ya sabía que la Generalitat tendría que frenar su campaña institucional. «No se puede ir más allá» reconocía la vicepresidenta Joanna Ortega ayer en el Consejo del Gobierno catalán, para contrariedad de algunos de sus compañeros de Ejecutivo. 

La dirigente de UDC, que suele mantener una «línea caliente» con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha estado en primera línea de la organización de la convocatoria. De hecho es la encargada de coordinar el dispositivo del referéndum.

De ella dependen todos los funcionarios de la Generalitat para el evento. Quizás por eso, y como había reconocido horas antes Francesc Homs («el gobierno catalán no quiere poner a sus funcionarios en riesgo de inhabilitación») con la suspensión declarada por el Tribunal Constitucional no le queda a Artur Mas otra salida (legal) que echar el freno. A partir de ahí, con sus alegaciones, podrá ganar un estrecho margen de días. 

Pero no tiene muchas opciones distintas a la de convocar elecciones anticipadas, como hizo el lehendakari Ibarretxe. Pero, en su caso, para salir airoso de un nuevo examen ante las urnas, necesita de la confluencia con ERC para formar una alianza electoral «excepcional» ante una situación «excepcional».

Parece mentira que los nacionalistas catalanes se estén quejando tanto de que no tienen libertad para votar cuando en nuestro país se ha votado más de sesenta veces. Y en Cataluña, más. No porque tengan más derechos sino porque han tenido gobernantes tan incompetentes que han intentado resolver sus problemas en las urnas con más frecuencia de la habitual. (...)"            (EL CORREO 01/10/14, TONIA ETXARRI, en Fundación para la Libertad)


" La Generalidad paraliza la campaña del 9N.

El Gobierno de la Generalidad no llegará tan lejos en su desafío independentista como para desobedecer frontalmente una orden explícita del Tribunal Constitucional (TC). Al menos, de momento, menos de 24 horas después de que el alto tribunal suspendiera la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9N, y ordenara suspender todas las actuaciones relacionadas con el referéndum.

Así lo ha aclarado este martes el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, que ha informado de que la Generalidad suspende la campaña institucional para llamar a la participación el 9N.
En rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo, Homs ha hecho un cierto ejercicio de equilibrismo para, a la vez que explicaba que la Generalidad acataba la decisión del TC, aparentar la firmeza que le exige el independentismo más radical.

Así, Homs ha justificado la decisión de detener la campaña institucional del 9N no por la obediencia a las decisiones de la justicia, sino por la voluntad del Gobierno autonómico de "no poner contra las cuerdas" a los trabajadores de la Generalidad encargados de divulgar la campaña. En este sentido, Homs ha explicado que las "responsabilidades" las ha de "asumir" el ejecutivo autonómico, y no el personal de la Generalidad. (...)"       (Crónica Global, 30/09/2014)