"(...) Primero, ¿votar qué? No es lo mismo poner a votación una
medida pública cualquiera que la secesión de un territorio con vistas a
formar un nuevo Estado. Los requisitos de lo uno no coinciden con los
requisitos para lo otro.
Votar eso, ¿por qué? Pues el caso es
que no estamos ante un proceso de descolonización de Cataluña ni cabe
argüir que el Estado esté violando los derechos de los catalanes… ¿Votar
quiénes? Todos los afectados, debe responderse, y no que una
parte —¡incluídos escolares de la ESO!— pueda imponer su voluntad sobre
el todo de esos afectados.
Oiga, ¿y votar cómo? Ni la pregunta sometida a la eventual
consulta resulta clara, sino retorcidamente tramposa; ni ha habido
bastante información y sí una abierta manipulación de la realidad y de
las mentes.
¿Votar con arreglo a qué mayoría? El sentido
democrático demanda aquí una mayoría muy reforzada, a poco que se
considere lo irreversible de una secesión o la profunda fractura que
causaría en el seno de esa sociedad. ¿Y votar esa propuesta de
independencia cada cuánto tiempo? Porque no cabe repetir ese
trance consultivo cada vez que el nacionalismo oteara expectativas de
victoria…
En definitiva, depositar su voto (y en especial en esta clase
de consulta) es seguramente lo último que le compete a un ciudadano.
Antes tienen que asegurarse las condiciones para que su votación merezca
llamarse democrática…, salvo que lo democrático se confunda sin más con
lo mayoritario. El derecho democrático al voto tiene como límite el
someterse a otros derechos y deberes democráticos.
Mirada desde la otra acera, la democracia tampoco equivale al mero
imperio de la ley, aunque sea infinitamente preferible al imperio de la
tradición o del líder carismático. Pero no recitemos que hay que
obedecer la ley porque así lo ordena la ley.
Digamos mejor que hay que
acatarla, en primer lugar, porque la mayoría considera eso que ordena
—aquí, la integridad del Estado— como algo justo, conveniente o mejor que otra alternativa. Y puede apoyarlo en buenas razones. No se trata de justificar ese imperio en general, cuya necesidad ningún demócrata cuestiona, pero sí esa ley en particular.
Entre nosotros, muchos creemos disponer de argumentos poderosos para
defender la unidad de España contra esos nacionalismos que por su propia
naturaleza buscan romperla. Desde esta confianza atribuimos a nuestra
posición una superioridad moral frente a la posición contraria. (...)
Lo resumía a la perfección el exministro canadiense Stéphane Dion hace
unos días en este periódico (el pasado 14 de septiembre): “Creo que no
es muy útil esconderse detrás de una Constitución. Decir: ‘mi país es
indivisible porque lo dice la Constitución’ se queda corto. Detrás de
esta cláusula constitucional, ¿hay un principio moral? Si lo hay, hay
que formularlo”. Pues eso." (ABC 29/09/14, AURELIO ARTETA, en Fundación para la Libertad)
No hay comentarios:
Publicar un comentario