De celebrarse hoy, un referendo de independencia en Cataluña, no cumpliría con los estándares internacionales que lo avalaran como plenamente democrático

"Pero me temo que nuestros conciudadanos nacionalistas no han caído en la cuenta de que existen otras condiciones igual de importantes de las que raramente se habla, pero cuyo cumplimiento es fundamental para obtener la validación y el reconocimiento internacional de un resultado favorable en un referendo de autodeterminación.

 Estas condiciones se refieren al entorno en el que se celebran las votaciones. La valoración de este entorno la realizan determinados organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales a través del procedimiento conocido por observación electoral. 

En el caso europeo, el organismo que lleva a cabo esa evaluación es la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), compuesta por 57 países (todos los europeos, incluidos los de la UE, los países de la ex URSS, Mongolia, EEUU y Canadá). Sin el aval de la OSCE, otorgando el marchamo de democrático al proceso (electoral o consulta de cualquier tipo), no se puede aspirar al reconocimiento internacional de los resultados del hipotético referendo de autodeterminación en Cataluña.

La evaluación del entorno por parte de la OSCE se hace de una manera transparente y en base a unos criterios bien conocidos. 

Primero, y adicionalmente al principio fundamental del respeto del Estado de derecho mencionado anteriormente, se hace una evaluación del respeto de los Derechos Humanos relativos al ejercicio del derecho de sufragio. Es decir, se evalúa si la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión, etc., se ejercen libremente y sin ningún tipo de cortapisas con el fin de comprobar que las votaciones se realizan con igualdad de oportunidades para las diferentes opciones en liza. 

Adicionalmente, se examina el funcionamiento y la independencia del poder judicial, incluida la relativa al organismo encargado de velar por el buen desarrollo del proceso electoral (en el caso de España, la Junta Electoral), con el fin de asegurarse que tanto las votaciones en sí mismas, como el control de todo el proceso y las posibles reclamaciones se efectúan conforme a la ley y reflejan fielmente la voluntad del electorado.

Segundo, la OSCE evalúa otros dos criterios del entorno que están fuera de lo que sería estrictamente la institucionalidad y el respeto de la ley y de los Derechos Humanos. Estos dos criterios son la utilización por parte de las instituciones del Estado tanto de los recursos públicos como de los medios de comunicación públicos o subvencionados con el fin de obtener ventaja por una de las opciones en disputa.

Para que un proceso electoral, en el caso de Cataluña, un hipotético referendo de independencia, sea reconocido por la OSCE y, por lo tanto, por la comunidad internacional como democrático, debe obtener una evaluación positiva en todos ellos. 

Para realizar esta evaluación, la OSCE envía expertos (observadores electorales) en diferentes campos unos meses antes de la celebración del evento que son reforzados con expertos adicionales durante los días previos a la consulta.

En vista de la actual situación en Cataluña, y en base a mi experiencia en unos cuantos procesos electorales en diferentes partes del mundo, ¿cuál podría ser la evaluación de la OSCE si el referendo de autodeterminación se celebrara mañana? Para empezar, y como mencioné anteriormente, la OSCE no podría aceptar la validez del resultado de un referendo que no tuviera un encaje legal anclado en la Constitución y en un acuerdo con el Gobierno.

 En dicho caso, con toda seguridad ni siquiera enviaría un equipo de observadores electorales. En cuanto a la evaluación del respeto de los Derechos Humanos fundamentales relativos al ejercicio del derecho de sufragio, la evaluación debería ser globalmente positiva, si bien es posible que se realizaran críticas a la intimidación que determinados sectores pro independencia llevan a cabo en contra de sus oponentes. 

Situaciones tales como el boicot efectuado en contra de actos públicos tanto del PP como de Ciudadanos serían sin duda señalados como no democráticos, en particular, si los encargados del orden público no hacen nada por impedirlos.

En cuanto a las instituciones encargadas de velar por el buen desarrollo del proceso (Junta Electoral y tribunales de justicia), no debería haber ningún problema en el supuesto que éstas siguieran siendo las que la legislación española designa, ya que hasta el presente así ha sido desde la reinstauración de la democracia en España. 

En este contexto, ni que decir tiene que las consultas secesionistas celebradas en determinados ayuntamientos de Cataluña en 2009 y 2010 no pasarían este test de validez. Lo mismo ocurriría, con probabilidad, en el caso de que la Generalidad convocase un referendo al margen de las instituciones designadas para su ejecución y control.

En lo que se refiere a la utilización de recursos públicos para promover la opción independentista, sería probable que la OSCE mencionara dos elementos como poco democráticos: la creación de las llamadas estructuras de Estado financiadas con el erario público, incluso antes de que el electorado haya podido pronunciarse en una consulta; y, adicionalmente, el apoyo financiero brindado desde las autoridades autonómicas catalanas hacia determinados organismos, ONGs y demás actores económicos y sociales con el principal propósito de promover el ideal soberanista entre el electorado. 

El problema de fondo es que los partidos que promueven la independencia de Cataluña pueden hacer todo tipo de promoción de su ideario, pero no las instituciones y menos con el dinero del contribuyente que son casa común y pertenecen a todos los ciudadanos y no sólo de los partidarios de la independencia.

Finalmente, y en lo que se refiere a la utilización de los medios de comunicación, creo que el claro escoramiento de los canales públicos de televisión (en particular, TV3 en los últimos tiempos) y radiodifusión catalanes, así como de los medios impresos subvencionados por la Generalidad (El Punt Avui, La Vanguardia, El Periódico, etc.), oficialmente sobre la base de la promoción de la lengua catalana, hacia posiciones en defensa del proceso soberanista sería otro punto negro a destacar por parte de la OSCE. 

 Como información para el lector, los expertos miden los tiempos dedicados por los medios públicos y subvencionados a la defensa de cada una de las opciones, no sólo en los espacios oficialmente previstos para la promoción de cada opción, sino también en la programación en general, y esto lo hacen no solamente durante la duración de la campaña electoral, sino desde la llegada de los expertos unos meses antes de la consulta.

En resumidas cuentas, dada la actual situación en Cataluña, es altamente probable que, de celebrarse hoy, un referendo de independencia no cumpliría con los estándares internacionales que lo avalaran como plenamente democrático y, por lo tanto, no recibiría el reconocimiento de la comunidad internacional."            (Víctor Andrés Maldonado, lavozdebarcelona.com, 25/06/2013)