"El Gobierno aporta más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Dependencia (un 55,7% del total de los fondos que se destinan, sin tener en cuenta los territorios forales ni Ceuta y Melilla), las comunidades se encargan del 27,5% y los usuarios, del resto (un 16,8%). Pero no todas las autonomías están haciendo el mismo esfuerzo. A tres de ellas, Canarias, Baleares y Murcia, les basta con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema y aún les sobra.
Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido el coste por persona dependiente en 9.256 euros anuales. De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega más de 6.100 por persona atendida.
"Algunas comunidades, en lugar de quejarse de la financiación, deberían explicar qué están haciendo con el dinero que reciben y que no emplean en Dependencia, y por qué no están aportando al menos la mitad de lo que les da el Estado, tal y como establece la ley", reclama el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. (...)
Un informe sobre la Ley de Dependencia que se encargó a la Agencia de Evaluación del Estado ya puso de manifiesto la oscuridad de las comunidades autónomas a la hora de presentar sus cuentas, la necesidad de que se reforme el Imserso y que se exijan responsabilidades a aquellas administraciones que no cumplan con la ley. "Todo ello está aún pendiente", afirma Ramírez." (El país, 05/11/2009)
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