El precedente vasco de Tabarnia. Álava contra Ibarretxe: "si el proceso político que se ha iniciado con la propuesta del lehendakari del 27 de septiembre de 2002 avanzara... los ciudadanos alaveses quedarán igualmente liberados de los compromisos contraídos hace 23 años en la configuración de la Comunidad Autónoma vasca"

"Las tensiones secesionistas provocadas por los independentistas han llevado al primer plano una propuesta de ruptura de la actual comunidad autónoma catalana, con la separación de determinadas comarcas de Barcelona y Tarragona bajo el nombre de Tabarnia. Lo que podía parecer inicialmente una broma puede convertirse en un quebradero de cabeza para los nacionalistas si sus proyectos de secesión llegan a provocar una ruptura interna.

Los que abogan por esa posibilidad tienen un espejo donde mirarse. El ejemplo es el de Álava, cuando en Euskadi se lanzó y se debatió el Plan Ibarretxe, aquel proyecto que pretendía hacer un referéndum vinculante, el que puso de moda el término derecho a decidir, que en última instancia no era otra cosa que la plasmación de la ruptura del País Vasco con España.

Lo que Ibarretxe no midió bien en aquel momento es que en Álava había una mayoría constitucionalista que gobernaba las dos principales instituciones, la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Vitoria, y que el propio sistema cuasi confederal del País Vasco permite una amplia autonomía a los tres territorios históricos que lo conforman, con la existencia incluso de parlamentos provinciales, denominados Juntas Generales.

En esa Cámara se aprobaron hasta en tres ocasiones pronunciamientos en contra del Plan Ibarretxe y el último llegó a amagar con abandonar la Comunidad Autónoma.

El primer pronunciamiento se produjo el 11 de noviembre de 2002, menos de un mes después de que Juan José Ibarretxe planteara su proyecto de nuevo estatuto de «estado libre asociado». 

Por iniciativa del Partido Socialista de Euskadi, se aprobó una moción en las Juntas Generales en la que se solicitaba al entonces lehendakari que retirara su propuesta. Contó con el apoyo del PP y de Unidad Alavesa, partido foralista ya desaparecido. Esa misma moción se aprobó también en algunos ayuntamientos gobernados entonces por los socialistas vascos, como Eibar, Barakaldo o Portugalete.

Dos meses después se aprobó una moción similar, pero el verdadero toque de atención llegó el 20 de octubre de 2003 ante el imparable ritmo que estaba imprimiendo el lehendakari a su proyecto, con presentaciones internacionales incluidas. Ese día, las Juntas Generales de Álava ratificaron un texto en el que se recogía la posibilidad de que Álava abandonara la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 En su cuarto punto decía textualmente: «Anunciamos que, si el proceso político que se ha iniciado con la propuesta del lehendakari del 27 de septiembre de 2002 avanzara y se materializara esa ruptura de los consensos básicos y los compromisos que todos asumimos en los refrendos de la Constitución y del Estatuto, estas Juntas Generales y con ellas los ciudadanos alaveses quedarán igualmente liberados de los compromisos contraídos hace 23 años en la configuración de la Comunidad Autónoma vasca».

Los 26 votos de PP y PSE-EE sacaron adelante esa moción en la que advertían claramente al presidente vasco que si su plan salía adelante, Álava se consideraría libre para emprender otro camino.

La Diputación alavesa, presidida en ese momento por el popular Ramón Rabanera, incluso presentó un recurso contra el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que fue admitido a trámite aunque no hubo resolución al decaer el proyecto secesionista.

Como es sabido, las aguas volvieron a su cauce y finalmente el Plan Ibarretxe fue rechazado en las Cortes Generales, por lo que Álava no tuvo que verse en la tesitura de optar por avanzar en el camino de la ruptura del mapa que se había configurado en el Estatuto de Gernika.

Álava ha sido la única provincia vasca en la que los partidos constitucionalistas han gobernado (tres legislaturas encabezadas por el PP -Ramón Rabanera y Javier de Andrés- y una por el socialista Fernando Buesa, asesinado después por ETA), y siempre ha sido la menos proclive a las tesis abertzales.

De hecho, para que aceptara formar parte de la Comunidad Autónoma vasca, los nacionalistas tuvieron que hacer algunas concesiones de calado en el Estatuto de Autonomía, como que la capital se estableciera en Vitoria y que las tres provincias tuvieran el mismo número de diputados en el Parlamento Vasco, 25 cada una, cuando Bizkaia triplica en población a Álava y Gipuzkoa, la duplica."                   (Maxi Vega, El Mundo, 01/01/18)