"Euskadi y Navarra encabezan la clasificación de España en renta per cápita o en calificación de solvencia. (...)
Pero se ha demostrado muy rentable gestionar los impuestos y haber
conseguido pagar por el Cupo un porcentaje más que moderador durante 35
años. La capacidad financiera de ambas comunidades se ha disparado para
envidia del resto.
«Los porcentajes que en su día se calcularon de cuánto deberían aportar el País Vasco y Navarra se han quedado desfasados, porque estos territorios hoy son más ricos y deberían aportar más», afirmó hace unas semanas un navarro: el ex ministro de Hacienda socialista Carlos Solchaga. Éste propone mantener el concierto al estar consagrado en la Constitución, pero reclama recalcular el Cupo.
El anacronismo no sólo provoca tensiones financieras sino políticas,
porque desató el Estatut. El ex presidente de la Generalitat Pasqual
Maragall calificó de «inadmisible» el sistema foral el 20 de enero de
2005 en el libro A vueltas con Españade José Luis Gómez. «Los catalanes
estamos financiando no sólo a los extremeños y andaluces, sino también a
los vascos (…) Euskadi no sólo no paga, sino que recibe», se quejó
antes de lanzar el Estatut a la caza de los privilegios forales.
CiU se adhirió entusiasta y en plena negociación con el Gobierno
central, el 14 de diciembre de 2005, el entonces secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), dejó claro que
Zapatero estaba dispuesto a ampliar la financiación de Cataluña, pero
nunca con un sistema de concierto como el vigente en el País Vasco.
«¿Y
por qué a los vascos sí?», preguntó Quico Homs, diputado de CiU. «Porque
allí hay el problema de las pistolas», sentenció Mafo en alusión a ETA.
«¿Entonces, me estás diciendo que la única salida que tenemos los
catalanes son las armas?», desafió Homs. «Se produjo entonces un
silencio incómodo», según Josep Sánchez-Llibre, quien describe la escena
en Les veritats de l’Estatut.
El consejero de Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, alerta de que si
se extendiera el régimen foral a Cataluña, «quebraría el sistema». No
es la solución extenderlo, sino recalcularlo como dice Solchaga para
evitar discriminaciones.
La Constitución también fija en su artículo
138.2 que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o
sociales». (EL MUNDO 09/06/14, CARLOS SEGOVIA, en Fundación para la Libertad)
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