3/10/12

El concierto vasco-navarro, heredero del carlismo y del chantaje terrorista (todos lo saben, nadie lo reconoce), produce un cupo insolidario, cuya generalización acabaría con la Hacienda común

"No os rindáis, gentes civilizadas de aquí y de allá. La cuestión catalana no es imposible, especialmente en su aspecto económico-fiscal. Explorad otras vías, desbordad las que, por ruidosas, parecen indiscutibles. (...)

Estas últimas crean dos trincheras antagónicas. Una es la recentralización autonómica uniformizante y, pues, separadora. (...)

La otra es la imitación gregaria del sistema de concierto vasco-navarro, heredero del carlismo y del chantaje terrorista (todos lo saben, nadie lo reconoce), que produce un cupo insolidario, cuya generalización acabaría con la Hacienda común. Entre ambos extremos, hay una vía más practicable, la solución federal, al modo alemán, belga, canadiense o australiano. (...)

Sus principios comunes son sencillos. La “suficiencia” financiera de las comunidades. La “solidaridad”, o equidad en forma de prestación universal de los servicios básicos. La vinculación al “esfuerzo fiscal”, para no yugular la competitividad de los más activos y evitar que la equidad devenga en caridad.

 La “ordinalidad” por la que los territorios prósperos pagan mucho más, transfieren riqueza, pero con el límite de no bajar luego en la escala de financiación per capita, por ciudadano: es justa y está bien legislada en Alemania.

Una consecuencia de esos principios es que las transferencias de cohesión no deben ser ilimitadas ni eternas, sino condicionadas a la buena gestión, vinculadas al aumento de la convergencia económica territorial: a medida que el PIB del territorio menos próspero se va acercando al promedio, se reducen. 

El sur español es un buen ejemplo de la eficacia de la política de cohesión interna y europea: los PIB per capita de Andalucía y Extremadura han avanzado hacia la media. El Mezzogiorno italiano, por el contrario, sigue hundido, como hace décadas. España es un ejemplo en Europa.

Esos criterios se resumen en un principio, aportar según la capacidad económica (digamos, PIB) y recibir según las necesidades (digamos, población). O sea, las comunidades ricas contribuyen más; pero cada ciudadano recibe de forma parecida."           ( , El País, 26 SEP 2012)

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