El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos

"(...) El federalismo no blinda competencias. Se entenderá con un ejemplo: recientemente, un tribunal federal de EE UU ha estimado que la ley que prohíbe el matrimonio homosexual en Florida es inconstitucional, dejándola sin efecto.

 Ello, sin perjuicio de que el derecho de familia es estricta competencia del Estado de Florida. 

Así funciona el sistema en el país que es cuna del federalismo. Y ese es, precisamente, el molesto problema que tiene la Generalitat: que un grupo, no tan pequeño como se pregona, de ciudadanos catalanes considera que la normativa lingüística catalana vulnera derechos civiles y, tal y como harían en cualquier país federal, recurren a los tribunales. 

Actualmente, hay ya una larga serie de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de una tímida enseñanza bilingüe que, como es sabido, son recurridas ad eternum por la Generalitat o, sencillamente, desacatadas. (...)

En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España con sensatez y ecuanimidad. Para convencerse de que este debate es ya inaplazable basta percatarse de un hecho objetivo fácil de constatar: si algún día el Estado que compartimos se desintegra, la ruptura se habrá producido por sus lindes lingüísticas. 

El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba como una riqueza cultural de todos los ciudadanos y un importante recurso individual. 

Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los garrotazos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Tampoco en las comunidades bilingües los Gobiernos autónomos han actuado siempre de manera respetuosa con el bilingüismo. Al contrario, han optado en numerosas ocasiones por programas promonolingüismo, que excluyen el español y se sostienen en razonamientos —hoy ya consignas fosilizadas— que no resisten un análisis objetivo. 

Existen, pues, suficientes razones para promover una gran conversación sobre las lenguas en España, intentar reconducir la política lingüística hacia fines de convivencia e interés ciudadano, con respeto a los derechos lingüísticos de todos. Y las soluciones ni son difíciles de imaginar ni son imposibles de poner en práctica.  (...)

Desde nuestro punto de vista, si bien el Estado no ataca y menosprecia las otras lenguas españolas, sí se muestra distante e indiferente. En realidad, el Estado nunca se ha pensado a sí mismo como plurilingüe. Sus élites entienden que hay una lengua común, que es en la única en la que debe operar la Administración central. 

Cierto, existen otras lenguas, pero son únicamente patrimonio de las comunidades bilingües: allí es donde se hablan y allí deben gestionarse sin incurrir en excesos; los ciudadanos de las zonas monolingües no tienen nada que ver con ellas y pueden vivir de espaldas a la cultura que está cifrada en las lenguas distintas del castellano. 

En nuestra opinión, éste sería precisamente el gran reto a largo plazo para el Gobierno: el lograr cambiar esta actitud y ser capaz de sentar las bases de una política lingüística desde el Estado que fomentara y valorara el plurilingüismo en todo el país y lo hiciera posible en la práctica. Por su parte, las comunidades bilingües se comprometerían a modificar sus programas de máximos y a respetar el bilingüismo de sus territorios. (...)

El principal escollo para abrir un diálogo es, sin duda, la fuerte oposición de la Generalitat a modificar el más mínimo aspecto de su política lingüística, una política que es ya totalmente cautiva de la ofuscación y el dogmatismo. Quien sí tiene las manos libres es el Gobierno.(...)"               ( Juan Claudio de Ramón / Mercè Vilarrubias , El País, 5 SEP 2014)