"La extorsión es el fenómeno más oculto y olvidado de la tragedia
acarreada por el terrorismo etarra. Un equipo interdisciplinar del Centro de Etica aplicada de la Universidad de Deusto
está tratando de aflorar la verdad oculta de la extorsión a través de
una investigación, que finalizará en un año, y de la que EL PAIS ofrece
un avance.
Como cuestión previa, resulta relevante que, cuando han
pasado más de tres años del cese definitivo de ETA,
sólo 60 de 220 víctimas de sus extorsiones (empresarios, directivos,
profesionales, etcétera) consultadas por los investigadores han accedido
a ser entrevistados a fondo; otros 130 lo han hecho anónimamente por
Internet.
También resulta relevante que la presencia de Gipuzkoa, el
territorio de mayor presencia abertzale, sea proporcionalmente menor que
la de Bizkaia y que predominen los altos directivos sobre los pequeños
empresarios, menos protegidos.
Los investigadores encuentran difícil evaluar el alcance de la
extorsión. Un informe policial estima en 9.000 el número de
extorsionados de 1993 a 2008, con lo que los investigadores calculan que
las víctimas de chantaje en los 50 años de historia de ETA son entre 10.000 y 15.000.
La inmensa mayoría pertenecía al País Vasco, pero unas 1.100 personas
vivían en Navarra. Es muy difícil calcular cuantos se resistieron al
chantaje. Entre los encuestados son mayoría, pero los investigadores
reconocen, también, que los que cedieron a la extorsión son más
reticentes a hablar.
El estudio concluye que los empresarios y directivos de grandes
corporaciones tenían más facilidad para resistirse que los profesionales
individuales o los pequeños empresarios, sobre todo, en los municipios
con fuerte presencia abertzale. “Muchos directivos de grandes
corporaciones se negaron a pagar. Estaban más protegidos al disponer en
sus empresas de equipos de seguridad muy profesionalizados y al haber
podido compartir su angustia”.
Tampoco es uniforme el cobro de la extorsión en la historia de ETA. Su época más intensa y generalizada, con una presión personalizada y sobre el terreno, se produjo en los años setenta y ochenta.
“ETA tenía entonces arraigo social; la figura del empresario estaba
desprestigiada y el Estado tenía otras prioridades contra la banda”
señala uno de los investigadores.
Los papeles de Sokoa, intervenidos a ETA por las Fuerzas de Seguridad en 1986
en su escondite de Hendaya (Francia), contabilizaban 1.200 millones de
pesetas (7,2 millones de euros) ingresados por la banda terrorista entre
1980 y 1986 como fruto de la extorsión. Pero había una segunda
contabilidad, que nunca fue incautada, y que aumenta considerablemente
la cifra conocida. (...)
A partir de 1993, ETA modernizó sus métodos con medios informáticos,
guías empresariales y comerciales con las que elaboró una base de datos,
sin abandonar el chantaje sobre el terreno.
El asesinato del empresario guipuzcoano, José María Korta,
vinculado al PNV, en agosto de 2000, implica un repunte en el cobro de
extorsiones por el pánico que genera. La decadencia se inicia con la
detención en Francia, en octubre de 2004, de Mikel Antza y Soledad
Iparraguirre, que controlaban el aparato de extorsión. Los datos son
relevantes: de 2000 a 2004 la media anual de ingresos por chantajes
rondaba los dos millones de euros.
Los investigadores de Deusto destacan cómo tanto ETA, como las
víctimas de la extorsión y el Estado tenían interés en mantener el
ocultismo. “ETA quería que se supiese que existía la extorsión, pero no
la identidad de sus víctimas; las víctimas tampoco querían que se les
identificase y el Estado prefería ocultar su fracaso”, señalan.
El
resultado fue que no se abrió un debate público sobre los chantajes, los
problemas jurídicos y éticos que planteaba a las víctimas el pago de un
dinero que financiaba a una banda terrorista. De tal modo que desde la
sociedad, empezando por las organizaciones empresariales y el Estado, no
hubo ni siquiera amparo.
“Ante la extorsión, la legalidad fue por un lado y la realidad por otro”, señalan los investigadores. La cesión a la extorsión está tipificada en el artículo 576 del Código Penal
como grave delito de colaboración con el terrorismo. Pero el Estado lo
aplicó en un único caso, el de las hermanas Bruño, condenada una de
ellas por la Audiencia Nacional y absuelta por el Tribunal Supremo en
junio de 2012 por “miedo insuperable”. El tribunal reconoció, además,
que “no había antecedentes”.
“La cuestión de fondo es que al no poder garantizar el Estado la
seguridad de las personas extorsionadas, tampoco las perseguía”, señalan
los investigadores. “Si alguien denunciaba ante la policía, esta se
limitaba a aconsejarle medidas de autodefensa. Pero ni la policía abría
un caso ni un juez iniciaba una investigación. La autoridad se abstenía y
el Estado reconocía su impotencia. El combate contra la extorsión, por
sus dificultades, nunca fue una prioridad del Estado en sus frentes de
lucha contra el terrorismo”.
Tampoco las organizaciones empresariales estuvieron a la altura,
aunque hay matices. Así, la patronal navarra, ya en la etapa final de
ETA, en el mandato de Julio Ayesa, llegó a atender a un tercio de las
1.100 víctimas de la comunidad foral. También en el País Vasco, en el
último mandato de Guillermo Zubia, aumentó la receptividad tanto de las
víctimas como de la patronal.
Es prácticamente imposible cuantificar el impacto de la extorsión en
la economía vasca y navarra. Algunos han especulado con un impacto del
10% del PIB, pero los investigadores no lo asumen. Consideran que el
Gobierno central, consciente del fenómeno, se volcó en auxilio de la
economía vasca. “Era una manera de compensar las deficiencias del Estado
frente a la extorsión”, señalan.
Esta investigación no agota las posibilidades de un fenómeno tan
complejo. Por ejemplo, queda pendiente la microextorsión —campañas de
recogidas de dinero en pequeños comercios como las de “apoyo a los
presos”—, cuya importancia no radicaba en su impacto económico sino en
socializar el miedo. O la complicidad de personas vinculadas a la
izquierda abertzale en centros de trabajo con los extorsionadores, sobre
todo, en los años de plomo." (
Luis R. Aizpeolea , El País,
1 MAR 2015)
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